Esta semana saltaba una alerta en las redes sociales de SOS Desaparecidos. El caso de un niño de 21 meses de Vigo del que supuestamente no se sabía nada desde cuatro días atrás. El aviso, de carácter urgente, estaba catalogado como “secuestro parental”. La denuncia, ante esta asociación y también en la comisaría olívica, la presentó el padre. Pero, según conformarían poco después fuentes oficiales, ese caso no era competencia de la Policía Nacional. El menor no había desaparecido, sino que estaba “en perfecto estado” con su madre, y lo que había de fondo era un conflicto entre los excónyuges en relación con la guarda y custodia. No era, además, la primera denuncia. “Es un tema civil que ya está judicializado”, informó una portavoz policial. De hecho, la alerta de desaparición que llegó a circular por internet pronto se desactivó.
Este caso es especialmente llamativo, sobre todo por la repercusión pública que tuvo, pero ejemplifica a la perfección un escenario que conocen bien los juzgados de Familia de Vigo y los abogados especializados en esta materia. Y ese es el de los conflictos entre exmatrimonios por la custodia y los regímenes de visitas de los hijos en común. Desavenencias que muchas veces desembocan en auténticas batallas legales. Estas pugnas no son nuevas, pero lo que sí perciben los letrados es que se agudizaron a partir de la pandemia. En la peor época del COVID precisamente esta enfermedad, la del coronavirus, fue el pretexto utilizado por no pocos progenitores para obstaculizar las visitas de sus hijos con sus ex. Y ahora, por otros motivos, los abogados continúan viendo muchos casos de problemas con las visitas.
Demanda de ejecución civil
“Yo noté una avalancha de casos”, dice la letrada Isabel Olcina, que afirma que la vía para tratar de solucionar los incumplimientos relacionados con las visitas es la de presentar una demanda de ejecución del convenio o sentencia que recoge la medida, para que el juzgado de Familia requiera al progenitor incumplidor para que cumpla con su obligación. Negarse a hacerlo una y otra vez puede derivar en multas coercitivas. Pero estas sanciones se ponen de forma excepcional. “En la práctica solo en aquellos casos muy reiterados y en los que se percibe una especial tozudez”, reconocen en uno de los tribunales vigueses.
Los supuestos típicos son aquellos en los que el progenitor que tiene la custodia dificulta las visitas del otro. “O al revés, que el que tiene derecho a este régimen no vaya a recoger al niño, que muestre desidia con este obligación”, afirman fuentes judiciales. Cuando se dan los primeros casos, salvo que finalmente impere el sentido común y el asunto se resuelva mediante el diálogo entre los padres, la vía judicial tampoco es garantía de nada. “Son casos complicados; por un lado, son difíciles de acreditar porque si hay testigos, suelen ser de parte; y por otro el resultado es incierto y transitorio, porque puede pasar que tras el requerimiento judicial se opte por cumplir, pero pasado el tiempo, si hay mala relación entre los progenitores, los problemas vuelven”, explica Isabel Olcina.
Coacción
Esta abogada es crítica con estos comportamientos: “En los incumplimientos de los regímenes de visitas hay mucho de violencia vicaria, porque al final lo que está haciendo el progenitor –sea madre o padre– es usar al niño para hacer daño al otro, muchas veces coaccionándolo”. Olcina enumera las excusas que se suelen usar para obstaculizar las visitas. “Desde que el niño está enfermo y no puede ir con su padre, hasta que no sabe cambiar los pañales o no le da de comer sano”, resume. Otro pretexto clásico es el de que el menor “no quiere” estar con el progenitor no custodio. Algo que ocurre incluso con hijos de muy corta edad. “Eso es peligroso, es poner al niño en una posición que no le corresponde; el menor no es el que debe tomar esa decisión”, avisa.
Muchos padres “desesperados” por los incumplimientos reiterados acaban acudiendo a la Policía Nacional. En la comisaría de Vigo hay denuncias de esta índole todas las semanas. “Entre 10 y 15 semanales es bastante habitual”, confirman las fuentes consultadas. Pero, advierten, esta no es una problemática de índole policial: “Es una cuestión civil”. Solo habría materia penal cuando, por ejemplo, una madre o un padre se fuga o desaparece con su hijo. “En esos casos sí intervenimos; pero los conflictos de custodia o de visitas deben resolverse en los juzgados de Familia”, concluyen.
Los casos “más complejos”: los de adolescentes que se niegan “en redondo” a ir con su padre o madre
Muchas veces no es ninguno de los miembros del exmatrimonio el que, a priori, entorpece las obligadas visitas que se recogen en los convenios o sentencias que se dictan tras un divorcio. Entre los casos más delicados que se están viendo en la actualidad en los juzgados especializados de Vigo están aquellos en los que son los propios menores, generalmente alcanzada la edad de la adolescencia, los que rechazan pasar los fines de semana y las vacaciones con su padre o con su madre, según a quien corresponda el régimen de visitas. “Son casos muy complejos en los que los chavales, que tienen 14, 15 o 16 años, se niegan en redondo a pasar tiempo con el progenitor no custodio”, afirma Daniel Tomás López, titular de uno de los tribunales de Familia de la ciudad olívica.
Estos procedimientos suelen desembocar en vistas orales y muchas veces en la exploración del menor para que exprese su parecer al juez. “Es cierto que a veces te encuentras con que ha sido uno de los excónyuges el que ha propiciado esa actitud del joven, pero en otras ocasiones no es así, realmente el adulto sí quiere cumplir, al menos así lo manifiesta; preguntas al adolescente y entonces recibes explicaciones de lo más diverso, desde que no quiere tener esas visitas porque se aburre hasta que el motivo es que ese progenitor se portó mal en el pasado...; y te encuentras con negativas contundentes, que no quieren ir de ninguna manera, ni siquiera, cuando se lo planteas, únicamente unas horas para por ejemplo ir a comer”, explica el magistrado sobre estos “complicados” asuntos.
