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Los juzgados tienen 250 órdenes de búsqueda y captura contra investigados o condenados fugados

La Audiencia y salas penales dictan estas requisitorias tras no ingresar en prisión o no comparecer como sospechoso en una causa

Los hermanos Manuel y Alfredo Hermida, durante un juicio en Penal 1, en 2017. |   // MARTA G. BREA

Los hermanos Manuel y Alfredo Hermida, durante un juicio en Penal 1, en 2017. | // MARTA G. BREA

Desde delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental o incluso un homicidio por imprudencia grave. Todos de distinta naturaleza pero cuya comisión deriva en una condena común: el ingreso en prisión. Pero no todos los encausados están por la labor de cumplir años entre rejas. Cuando las vías de apelación y recursos se agotan, optan por eludir esta pena de cárcel fugándose. Otro tantos no esperan a tener una sentencia condenatoria para huir de la acción de la Justicia y deciden no comparecer durante las fases de investigación de los hechos que se le atribuyen.

Todas estas causístican ha derivado en la interposición de más de 250 requisitorias u órdenes de búsqueda y captura emitidas por los distintos Juzgados de lo Penal así como la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. En concreto, el Penal 1 cuenta a día de hoy con 87 requisitorias activas mientras que en Penal 2 la cifra escala hasta las 131. Se desconoce la cifra relativa al tercer órgano penal de la ciudad. Por su parte, la Audiencia de Vigo cuenta con 23 requisitoriados, expuestos a información pública en su tablón.

Una vez el fallo condenatorio se vuelve firme, y la sala ejecuta la sentencia, se otorga un plazo de diez días naturales para que el penado ingrese de forma voluntaria en la cárcel. La gran mayoría de reos así lo hacen, pero hay otros que optan por poner tierra de por medio. Un ejemplo de ello es el de los hermanos Manuel y José Alfredo Hermida –los empresarios al frente de laspopulares cafeterías La Barraca–, sobre los que pesan al menos tres órdenes de busca y captura tras fugarse en 2018 cuando su ingreso en prisión era inminente tras una sentencia firme.

Su huida ha paralizado los procedimientos judiciales vivos contra ellos, teniendo que ser ya archivados provisionalmente varios procedimientos contra ellos en Instrucción 2 de Vigo por delitos contra la Hacienda Pública y en Instrucción 1 en relación con el procedimiento por el fraude casi millonario a la Seguridad Social que se atribuye a estos empresarios. Las causas se reabrirían en caso de ser localizados.

Este ejemplo guarda grandes similitudes con otra de las fugas más mediáticas en Vigo, la del cabecilla de la trama de Las 5 Jotas, José Manuel Costas Estévez, que tras dos años en paradero desconocido fue localizado en Esposende, un pueblo luso a pocos kilómetros de la raia. El vigués debía haber ingresado en prisión en junio de 2016 tras ser condenado por delitos de falsedad en documento mercantil a una pena máxima de seis años en prisión. Las órdenes de busca fueron emitidas tanto por el Juzgado de lo Penal 1 como por el Penal 3 pero no ha llegado a pisar ni un solo día el penal de A Lama. Tras figurar entre los 50 fugitivos más buscados por la Europol, Costas se encuentra desde 2018 en el penal de A Lama.

En el caso de la Audiencia, en lo que llevamos de año, la Sala emitió sendas requisitorias contra Eduardo A.Z. por un delito de tráfico de drogas al no presentarse en la cárcel para cumplir su pena de tres años de prisión, Agustín B.B., también por idéntico delito pero en este caso condenado a la pena de dos años y medio de cárcel y Nuno Filipe A.A. también por tráfico de drogas a la pena de año y medio.

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