2.700 millones de euros, con más de 85.000 personas y 13.000 empresas beneficiadas por las políticas de protección frente al COVID-19: 230 millones para ERTE, 564 millones para prestaciones o más de 2.100 millones en préstamos para autónomos, pymes y empresas. Es el impacto que tuvo el escudo social desplegado por el Ejecutivo central en Vigo y provincia. Así lo explicó el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en su primera visita oficial a la Diputación de Pontevedra, donde fue recibido por la presidenta, Carmela Silva, y el diputado Carlos López Font.
Los representantes públicos coincidieron en señalar la necesidad de que la administración local sea uno de los canales prioritarios para el reparto de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Miñones destacó que son los ayuntamientos y diputaciones las instituciones que “gestionan el día a día” y Silva señaló que es “fundamental” que el 15% de los fondos europeos que reclaman tanto la FEMP como la FEGAMP se canalice a través del mundo local.
La presidenta provincial entregó al delegado el Plan Estratégico de Fondos Europeos, en los que la Diputación pretende captar hasta 300 millones de euros para encaminar a la provincia hacia la digitalización, la cohesión territorial, la transición ecológica de la economía y la igualdad, objetivos alineados con las políticas señaladas por el Gobierno en el Plan de Reactivación, Transformación y Resiliencia.
