El Gobierno ha suspendido por decreto la posibilidad de celebrar juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre de 2021. Solo se podrán llevar a cabo para casos de urgencia y, en ellos, se permiten tres posibilidades legales para adoptar los acuerdos: por videoconferencia, por correo postal o electrónico o, de forma extraordinaria, de forma presencial si se garantizan los requisitos necesarios, algo que muchos edificios no pueden hacer por falta de espacio.
Los administradores de fincas de Vigo reconocen que el nuevo decreto gubernamental “va a ser un problema muy serio porque nos quedamos en una especie de limbo legal que nos pone las cosas muy difíciles”, reconoce Nuria Ferreira, que gestiona varias comunidades en el entorno de As Travesas y Coia. Esta profesional alerta de las dificultades para aprobar en el nuevo escenario las derramas económicas necesarias para hacer obras que en muchos casos son urgentes.
Los administradores también advierten de la complejidad de celebrar las juntas de vecinos por videoconferencia. Porque muchos propietarios son de edad avanzada, no tienen acceso a internet o no conocen el funcionamiento de plataformas como Zoom, la más habitual para este tipo de actos online. Y hay que recordar que es necesaria la presencia de todos los propietarios para que la junta telemática tenga validez legal. Y la solución para celebrarla de forma física garantizando las medidas sanitarias necesarias pasa por alquilar algún local externo, algo que los vecinos en muchos casos no están dispuestos a hacer por el coste que supone.
Queda la opción del correo postal para que los propietarios puedan firmar los acuerdos necesarios, para lo que deben remitir una fotocopia del DNI para certificar su identidad. Este procedimiento no obstante se trata de un trámite farragoso que puede retrasar la aprobación de acuerdos urgentes.
Para Brais Ocampo, administrador de fincas en la empresa Monere, uno de los principales perjuicios de la normativa impulsada por el Gobierno es que hasta el próximo año no se podrán aprobar las nuevas cuentas de la comunidad y hasta entonces tampoco se permitirá elegir a un nuevo presidente, por lo que el elegido en 2020 tendrá que estar al menos dos años en el cargo, “algo que por lo general no es de su gusto”.
Según queda reflejado en el propio texto del decreto, los encuentros presenciales solo podrán celebrarse cumpliendo con las medidas sanitarias imprescindibles para prevenir contagios, en caso de que los acuerdos no puedan demorarse hasta final de año, por ejemplo para liquidar la deuda de morosos si la comunidad está sin fondos o obras que se consideren urgentes.
Sin embargo, apunta el propio Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, asuntos como el arreglo de un tejado, rehabitlitar una fachada, poner un ascensor, aprobar unos presupuestos o elegir a un nuevo presidente requieren del acuerdo de la junta, y si esta no se reúne no se puede hacer, “lo que puede tener consecuencias nefastas para la comunidad”. Desde que se inició la pandemia apenas se han celebrado en Galicia juntas de propietarios.
