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Los "Miguelianos": claves de un caso que inquietó a Galicia

Rosendo, camino a una de las sesiones de la Audiencia. Gustavo Santos

De una estructura "sectaria" a la imposibilidad de acreditar el "adoctrinamiento", de situaciones que asemejaban a la "esclavitud" a la imposibilidad de acreditar "actos vejatorios y humillantes", de ser acusado de 21 delitos contra la libertad sexual, coacciones e integridad moral a ser condenado por un único delito de abusos a una menor, de afrontar hasta 82 años de prisión a imponérsele solo nueve. Casi una década después de que el entonces asistente eclesiástico del colectivo "Orden y Mandato San Miguel Arcángel" pusiese en conocimiento del Obispado supuestas prácticas irregulares en la asociación a cargo de su fundador, el vigués Feliciano Miguel Rosendo, que acabaría desembocando en una vasta investigación judicial, todavía no se ha escrito la última palabra. Será el próximo 28 de abril cuando el Tribunal Supremo delibere sobre los recursos presentados tanto por la acusación particular (que solicita desde que sea condenado por varios delitos de los que Rosendo fue absuelto por la Audiencia Provincial, hasta la repetición de la vista oral) como por la defensa (confiante en la absolución de su representado). Poco resta para el final, pero ¿cómo empezó todo?

Una herboristería en O Calvario

El fallo en primera instancia fija en 1997 el origen de la asociación cristiana Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, cuando Miguel Rosendo más conocido como "Miguel el brujo", que regentaba una herboristería en el barrio de O Calvario, fundó un grupo religioso “dedicado a la animación litúrgica por medio de un coro y representaciones teatrales”. La idea se fraguó en las reuniones fuera del horario comercial en las que se impartían charlas sobre temas religiosos, se trataban problemas personales y se concertaban actividades. Aquí entran en juego varias versiones; algunos colaboradores aseguran que si bien al principio percibieron esta agrupación como "algo positivo", "había una sumisión y entrega" en los fieles "que llamaba la atención", relatando incluso episodios de prácticas similares a la "santería".

Primeras irregularidades

La Diócesis de Tui-Vigo tuvo conocimiento de supuestas “irregularidades” en la asociación en diciembre de 2012, y para comprobar su veracidad nombró a un visitador canónico. La Iglesia se basó en su informe para apartar cautelarmente a Miguel Rosendo al frente del grupo por su “conducta moral”. Fue el asistente eclesiástico de esta Orden, Isaac de Vega, quien puso en conocimiento ante el Obispado tras una reunión con un antiguo miembro de San Miguel Arcángel que le refirió supuestas relaciones sexuales de Rosendo con algunas consagradas.

Grupo de padres que denunciaron a la Orden San Miguel, en 2014. Gonzalo Núñez

Denuncia de varios padres

En octubre de 2014, un grupo de catorce familias con miembros pertenecientes a esta orden denunciaron que “en nombre y bajo el amparo de la Iglesia habían secuestrado” a sus hijos e hijas, ante lo que pidieron que se los "devolvieran". Denunciaban entonces a la orden y a su fundador por supuestos abusos sexuales, delitos fiscales y otras irregularidades. La Guardia Civil inició investigaciones tras las denuncias y el Juzgado de Instrucción número 1 de Tui abrió las correspondientes diligencias. Estos familiares llevaban varios años luchando por demostrar que esta organización “era en realidad una secta” y que mantenía “actitudes que se pudieran considerar delictivas”, por lo que llegaron a contratar a una empresa de detectives, que llegó a testificar en el juicio ante la Audiencia de Pontevedra, que les indicó que esta asociación religiosa fundada por Miguel Rosendo podría tratarse, en realidad, de “de una secta destructiva”.

Registro de la casa de Rosendo en Oia. // J. Lores

Arresto de Miguel Rosendo

Apenas 24 horas después de que este grupo de padres compareciera públicamente para exigir una actuación contundente de las autoridades contra el líder de la asociación religiosa de Oia, se produjo el arresto de Rosendo, quien tras su destitución por el obispo de Tui, se había trasladado a un chalé de Madrid con su mujer, sus hijos y algunas de sus colaboradoras. Fue arrestado el 11 de diciembre y poco después se suprimía la organización Orden y Mandato de San Miguel por el escándalo de los ya conocidos como "Miguelianos".

De 400 a 10 fieles

Tras la detención, de los 400 miembros que llegó a tener la asociación, apenas una decena seguían respaldando a su gurú. Si la denuncia del también capellán de la cárcel de A Lama, que durante los últimos siete años había sido también capellán de Orden y Mandato, por presuntas irregularidades morales y económicas de su fundador llevó al obispo Luis Quinteiro a investigar y expulsar a Miguel Rosendo al frente de la asociación pública de fieles y a nombrar a un sacerdote como comisionado extraordinario; la causa judicial también estaba investigando la presunta entrada de ingentes ingresos de dinero en efectivo en bolsas y mochilas, así como supuestos abusos sexuales por parte del líder para "purificar" las almas de las adeptas.

Rueda de prensa de varias adeptas a la Orden de los Miguelianos. Gustavo Santos

Adeptas a la Orden, con Rosendo

Tras meses sin apenas movimiento judicial, llegó el auto de procesamiento, a finales de 2016, contra un total de 17 personas, entre ellas el líder Miguel Rosendo, su mujer y sus dos hijos por delitos continuados contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales; y también otras 13 personas procesadas por sendos delitos de asociación ilícita. Pero las que realmente hablaron "alto y claro" fueron varias adeptas a la Orden de los "Miguelianos" a comienzo del 2018, entre ellas M. Paz, a quien se calificaba como mano derecha de Rosendo y presentada como una de sus víctimas. Insistieron que todo se trataba de un montaje, negaron su pertenencia a una secta, rechazaron cualquier práctica relacionada con la brujería y también con los abusos sexuales que se le atribuían a Rosendo.

Primera sesión del juicio en la Audiencia de Pontevedra. Gustavo Santos

Mes y medio de juicio

El 27 de septiembre de 2018 arrancaba en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio contra Miguel Rosendo. El líder de la Orden se defendió de las acusaciones, declarándose inocente: "Todo es falso; nunca levanté la mano ni obligué a nadie, ni he tirado del pelo, ni tocado el culo dado un puñetazo a nadie", aseguró el vigués a preguntas de su abogado. Admitió también que obró por "amor", rechazando que mantuviese relaciones sexuales con las mujeres consagradas o que tratase de curar el cáncer a una persona, como se le acusó.

Fiscalía y acusación particular

Treinta sesiones y 118 testificales después, las acusaciones expusieron sus informes finales considerando probada la estructura de "secta" de los "Miguelianos". El fiscal aseguró que nada se hacía sin el consentimiento de Rosendo, expuso ejemplos de “técnicas de persuasión coercitiva” en formas de “broncas” y “batallas” por parte de Miguel Rosendo, así como “humillaciones”, “insultos” y “agresiones” hasta llegar a afirmar que las dos mujeres que actuaban de “bastones” del líder estaban en una situación de que se asemejaba a la “esclavitud”. La acusación particular aseguró que Rosendo se "apropió" de la voluntad de los miembros a través de un proceso de "dominación y engaño".

Última sesión de la vista. // Rafa Vázquez

Sentencia

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra condenó, en diciembre de 2018, a 9 años de prisión a Feliciano Miguel Rosendo por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento y penetración a una de las "miguelianas" desde que era menor de edad. La sentencia indica que no ha quedado acreditado que Rosendo mantuviese otras relaciones sexuales no consentidas que se le atribuyeron. En un caso por el déficit probatorio de la declaración incriminatoria de la supuesta víctima “que no recuerda si la penetra o no, aún cuando pasa noches con él”; y en el otro porque el relato de las supuestas orgías no es corroborado por las otras dos “consagradas” que la mujer sitúa con ella en la habitación. Tampoco se ha acreditado, según el tribunal, que el acusado haya realizado los actos vejatorios y humillantes, con ánimo de quebrantar la resistencia física o moral de las víctimas; ni que se hayan visto sometidos a condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos de los trabajadores. 

Rosendo, en una rueda de prensa tras conocer la sentencia. // Europa Press

El Supremo, último escollo

Será el próximo 28 de abril cuando los magistrados del Tribunal Supremo deliberen sobre los recursos presentados tanto por la defensa de Miguel Rosendo como por la acusación particular, tras retirarse de la misma la Fiscalía.

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