Cuando en 2018 el Concello se hizo con la titularidad del auditorio, el hotel, el restaurante, parking y los bajos comerciales del Mar de Vigo por 35,2 millones, tras la liquidación de la empresa concesionaria anterior, ya barajó la venta del establecimiento hotelero tan pronto fuera posible para compensar ese desembolso. Hoy, casi tres años después y con una pandemia que ha arrastrado al pozo al sector turístico, la opción de una venta o subasta ya no está sobre la mesa municipal y no lo estará antes de 2024. El gobierno local ya tiene decidido prorrogar por tres años el contrato de alquiler del hotel con las sociedades Borealis Hotels y Hotusa, una ampliación que incluye una renegociación de las tarifas, con alguna bonificación, y un plan de pagos de la deuda acumulada en los últimos doce meses, precisamente los que coinciden con la pandemia del COVID y que impactan de manera brutal en el sector hotelero.
Precisamente son el COVID y sus efectos las razones que esgrime ahora Praza do Rei para justificar esta prórroga del alquiler, que será objeto de análisis en una próxima junta de gobierno. El complejo Mar de Vigo pasó a manos municipales en 2018 después de la liquidación concursal de la concesionaria, que arrastraba una deuda millonaria, con un concurso desde 2016. El rescate municipal se cifró en algo más de 35 millones, sufragados con remanentes, la mitad de lo que un inicio solicitaba (74,5 millones) la liquidación del administrador concursal.
Cifras básicas
18.946 m2 y 121 habitaciones
El Eurostars Mar de Vigo, de cuatro estrellas, cuenta con 121 habitaciones en sus 8.946 m2, que incluyen también otras dependencias.
2 4.000 euros de renta anual por cada cuarto
El contrato que finaliza el miércoles establecía una renta fija de 4.000 euros al año por habitación, cifra que ahora se recortará probablemente.
3 Doce meses de crisis sanitaria
Con la llegada del estado de alarma y la falta de turistas, el hotel dejó de pagar el alquiler. Son doce cuotas, hasta ahora, que suman 590.000 euros.
Contrato subrogado
En 2018 la intención municipal era vender el hotel de cuatro estrellas de la avenida de Beiramar, en funcionamiento y gestionado por la cadena Eurostars; y los 4.000 metros cuadrados de bajos comerciales situados en la planta inferior del inmueble, pero nunca el auditorio propiamente dicho. En el momento de aquella operación, el hotel ya estaba alquilado, por lo que el Concello subrogó ese contrato. Cuanta con una superficie de 8.946 metros cuadrados y 121 habitaciones, con muy escasa ocupación en la actualidad debido a las restricciones sanitarias. Precisamente en este aspecto incide la propuesta de prórroga por tres años. A principios de este mes, la cadena hotelero solicitó la modificación del contrato de alquiler, aprovechando que finaliza el próximo miércoles, por la situación económica del sector.
El Concello lo aceptó y detalla en la propuesta de prórroga las razones de este visto bueno: “coyuntura de extrema gravedad, cuyos efectos continúan hoy y con claras repercusiones que han provocado sobre las perspectivas municipales en cuanto a las condiciones de explotación (enajenación) de los bienes propiedad del Concello de Vigo; la alteración de las condiciones del mercado de libre compraventa, cuyos efectos continúan una vez finaliza el plazo del alquiler; y permanencia de la situación excepcional del estado de alarma, con notoria limitación de la demanda, sin que percibamos un horizonte claro para recuperar las actividades económicas a las condiciones anteriores a marzo de 2020”.
Pérdidas de 1,1 millones si cierra
El complejo Mar de Vigo abrió una grieta económica municipal que comenzó con la indemnización de 35,2 millones de euros, cantidad asumida por el Concello para hacerse cargo de aquel ruinoso recinto. Aquella cifra se calculó mediante una auditoría independiente y el importe se obtuvo al restar a la inversión de 85,46 millones que sumaron el conjunto de las obras tres conceptos: los 28,23 correspondientes a aportaciones públicas de Concello y la Xunta, los 12 ya amortizados por la concesionaria y 10 millones relacionados con los daños y perjuicios. Hasta marzo de 2020, se obtenían ingresos del alquiler, mediante una renta fija de 4.000 euros al año por habitación y una variable en función de la facturación, aunque esta última aún estaba pendiente. Ese mes, con el estado de alarma, dejó de pagarse la cuota mensual de 40.616 euros (sin IVA), lo que eleva la deuda actual a 487.396 euros, más 102.353 de IVA. El Concello es consciente de que “sin actividad esta renta carece de sentido práctico” y ofrece tres años más de alquiler para superar la crisis, por “interés municipal”. Además, un informe técnico de costes e ingresos señala que el cierre del establecimiento podría acarrear una pérdida de ingresos de 1.147.581 euros.
