La concesionaria del Auditorio Mar de Vigo entra oficialmente en fase de liquidación. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra con sede en Vigo dictó ayer la resolución al no presentar la sociedad una propuesta de convenio para la junta de acreedores convocada inicialmente para hoy y que ya no se celebrará. Esta situación aboca por ley a la apertura de la fase de disolución de la adjudicataria, que tiene de plazo hasta el 31 de marzo de 2018 para entregar a la administración local la infraestructura y poner a su disposición los gastos, devengos e ingresos. El magistrado declara nulo el contrato de concesión firmado en mayo de 2006, pero no se pronuncia sobre la deuda contraída por la concesionaria. Desde el gobierno local declinaron ayer valorar la situación hasta que la estudien los servicios jurídicos municipales.

Tras varios meses en concurso de acreedores, el pasado 2 de noviembre quedó despejado el futuro de la sociedad Pazo de Congresos al trascender que no había presentado dentro de los plazos establecidos ninguna propuesta de convenio para llegar a acuerdo con sus acreedores. En aplicación del artículo 143.1 de la Ley Concursal, este hecho se traduce en la apertura de la fase de liquidación, el cese de los administradores o liquidadores sociales y su sustitución por un administrador concursal para dirigir la liquidación de los bienes patrimoniales o derechos de la sociedad disuelta.

Se trata de la liquidación de la primera concesionaria que pasa por el Mercantil vigués y una vez acordada ayer "resulta imperativa la resolución del contrato concesional formalizado el 2 de mayo de 20016 entre el Concello de Vigo y la concursada". Así figura en el auto judicial, que acuerda la entrega y puesta de las instalaciones a disposición del ayuntamiento junto a los gastos, devengos e ingresos procedentes de la explotación del recinto de Beiramar. El magistrado reconoce la "necesaria coordinación entre la concursada y el Concello para el traslado de la gestión y la posesión de las infraestructuras, así como la gestión, conservación y explotación comercial a favor del órgano concedente" y se fija un plazo "prudencial" de aproximadamente cuatro meses que vencen el último día de marzo de 2018. Se autoriza a Pazo de Congresos a dejar de cumplir el contrato a partir de esa fecha. Entre sus accionistas están Abanca, las constructoras Sacyr y Puentes y Calzadas además de Merlín Properties. Ninguna ha querido realizar por ahora declaraciones y también declinó esta opción el gobierno vigués, que no se pronuncia sobre el importe de la deuda ni quién la asumiría ni sobre el futuro de las instalaciones. Según el PP de Vigo, la deuda acumulada rondaría los 76 millones de euros.