Los impagos de alquiler siguen protagonizando, un año más, los desahucios judiciales en la ciudad. Pero en lugar de ser por no abonar la renta de pisos o viviendas habituales, los lanzamientos se han centrado en locales, bajos comerciales o incluso solares previstos para la construcción de casas u otras edificaciones. Así lo aprecia el Servicio de Notificaciones y Embargos de Vigo, emplazado en el Casco Vello, que a cierre de año 2020 recibió un total de 308 expedientes judiciales de desalojo, casi 160 menos que en 2019, debido a la parálisis producida por el virus.
En cuanto a los embargos, se registraron un total de 367 frente a los escasos 400 del ejercicio pasado, cifra que pone que manifiesto la dureza de la crisis, ya que pese a estar suspendido el servicio durante meses, el número de bienes –muebles o inmuebles– o nóminas a embargar por la autoridad judicial no ha disminuido.
Con los datos en la mano, el índice de lanzamientos en la ciudad se sitúa en casi uno diario, si bien en la actualidad y a consecuencia del COVID, existe una medida del Gobierno central decretada
a raíz de la pandemia para proteger a la personas especialmente vulnerables para suspender estos desahucios. “Cada vez es más habitual que intervengan Servicios Social, especialmente en viviendas . De este modo se concede un mes de prórroga para que se le busque un nuevo domicilio”, explica el letrado judicial del servicio del Casco Vello, Fernando Varela.
En cuanto al aumento de casos de lanzamientos en locales comerciales, Varela precisa que son expedientes mucho más complejos que los domiciliarios, algunos incluso fechados en 2016 o 2017, ya que, en primer término, hay que remitir el requerimiento de desahucio al actual inquilino, emitir el certificado de cargas, sacarlo a subasta, etc. “Los lanzamientos por impagos de vivienda son mucho más ágiles”, destaca.
