Uno de los crímenes que permanecen sin resolver en los archivos policiales de Vigo es el de Manuel Salgado Fernández, el vigués de 56 años que en abril de 2004 perdía la vida tras recibir un certero disparo en la cabeza en el garaje de la céntrica calle Rosalía de Castro donde acababa de estacionar su Seat Córdoba para dirigirse a su trabajo como empleado de una asesoría. La sospecha policial siempre fue la de que se trató de un asesinato por encargo. Tras estos hechos, se detuvo y se mantuvo durante un tiempo en calidad de imputados a la exmujer y al entonces compañero sentimental de ésta, pero la causa judicial acabó sin embargo archivada provisionalmente en 2006 por falta de pruebas. Y así continúa desde entonces.
Pero ahora, cuando ya transcurrieron más de 16 años, podría tener una nueva oportunidad. Recientemente familiares de la víctima que luchan para que el procedimiento no prescriba se reunieron con la Policía Nacional, sin que haya trascendido el contenido de dichas conversaciones. Y lo cierto es que este asunto vuelve a estar sobre la mesa de cara a valorar si procede reactivarlo, tanto a nivel policial como judicial.
A la espera de lo que ocurra, lo cierto es que sobre esta causa asoma el fantasma de la prescripción. En función de la calificación del delito, los plazos serían distintos: los homicidios caducan a los 15 años por lo que si el caso tuviese esta tipificación, solo quedaría hasta el próximo 2021 para intentar resolver el crimen antes de que el paso del tiempo liberase al culpable o culpables de responsabilidad penal –a contar desde 2006, cuando la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, sobreseyó provisionalmente el procedimiento–. En el supuesto de que fuese un asesinato como apuntó la investigación policial realizada en su día, un delito en el que la prescripción no se produce hasta transcurridos 20 años, habría bastante más tiempo, ya que el período se ampliaría hasta 2026.
¿Nuevos elementos?
¿Hay nuevos elementos que permitan reactivar la investigación? Por el momento no ha trascendido más información. Manuel Salgado, un exempleado de banca separado que trabajaba en una asesoría, tenía 56 años cuando, entre las 08.15 y las 08.50 horas del 2 de abril de 2004, un individuo solo o en compañía de otros le descerrajó un tiro en el garaje del número 46 de la calle Rosalía de Castro: el disparo se hizo a bocajarro con un arma del calibre 22 y le impactó en la zona occipital de la cabeza, prácticamente en la nuca. Junto al cadáver, entre otras evidencias, se hallaron dos casquillos, tres colillas y un chicle “mascado”.
Estaba claro que aquello no había sido un robo porque este vigués conservaba sus efectos de valor. La Policía vio claro que habían ido a por él, que habría planificación y premeditación, máxime al descubrirse que ya habían intentado matarlo días antes, como delató un cartucho del mismo calibre y arma hallado en el aparcamiento.
Todos los testimonios recabados por los agentes apuntaron entonces en una misma dirección, ya que la víctima había confesado a su entorno que se sentía amenazado. “Mi vida tiene fecha de caducidad como un yogur”, dijo a un familiar. Y horas después del crimen se producían las detenciones: la de la exesposa del fallecido, que dirigía un colegio en Mos, y la del que era su pareja. Junto a otros elementos más, se tuvieron en cuenta dos hechos: una sentencia de 2001 en la que la mujer fue condenada por escuchas telefónicas hechas por una agencia de detectives privados y un litigio civil resuelto por sentencia firme semanas antes del crimen, en el que era sentenciada a devolver a su exmarido unos cuantiosos bienes que había recibido mediante escritura notarial de compraventa.
Coartadas
Pero ambos detenidos negaron su relación con el crimen y presentaron coartadas firmes. Quedaron libres y, aunque durante un tiempo continuaron imputados, en octubre de 2005 el juzgado instructor acordó la conclusión del sumario para su elevación a la Audiencia de Vigo, órgano al que propuso el sobreseimiento. Pese a los “indicios altamente sospechosos”, no había “ninguna prueba objetiva de cargo”. Y la Sección Quinta archivó provisionalmente el asunto un año después, en 2006, quedando los investigados libres de todo cargo.
La hermana y los dos sobrinos de la víctima mantuvieron desde el principio la lucha para que el crimen se resolviese, llegando en su día a poner carteles por Vigo ofreciendo recompensa a quien pudiese aportar “indicios” que permitiesen hacer justicia en este caso.
Pero desde aquel 2006 no hubo avances y el procedimiento sigue archivado. A la espera de si ahora se reabre o no, para lo que también debe hacerse una petición formal en el juzgado, si así fuera seguiría la estela de otro caso criminal sin resolver al que se ha dado otra oportunidad, el de la desaparición y muerte de la joven viguesa Déborah en 2002, que un juzgado de Tui reactivó hace un año y que sigue en plena investigación judicial.
