A las ocho y cuarto de la mañana del viernes 2 de abril de 2004 un joven de la calle Rosalía de Castro de Vigo estacionó su coche en el garaje de su edificio. Venía "de juerga" y no vio nada "anormal". Subió a su piso y poco después regresó al aparcamiento. Eran las 08.50 horas y se disponía a salir para trabajar. Y en ese momento sí que se encontró con algo distinto, que le llamó la atención: una persona "tumbada" en el suelo. En un primer momento creyó que el individuo estaba "durmiendo una borrachera". O quizá era "un mendigo" que se había resguardado para descansar. Así que, como relataría después ante Policía Nacional y juez, "no le dio importancia". Se subió al vehículo y salió del parking.

Al mismo tiempo que este chico arrancaba hacia su trabajo, otro vecino accedía al garaje y bajando por la rampa vio al hombre tirado. Corrió hacia él y observó un charco de sangre. Sospechando que había sufrido una grave caída, intentó reanimarlo. No lo logró, así que salió a la calle en busca de ayuda y telefoneó al 061 desde una panadería del barrio. Mientras se producía la llamada de auxilio, un tercer residente, un padre que iba a llevar a su hija al colegio, se topó con la misma sangrienta escena. Introdujo a la niña en su coche y fue hacia la víctima. Le tomó el pulso. No tenía. Comprobó si respiraba. Tampoco. Estaba muerto.

Todo esto ocurrió en el garaje del edificio número 46 de la calle Rosalía de Castro. Quien estaba en el suelo era Manuel Salgado Fernández, un vigués de 56 años de edad que como cada mañana acababa de estacionar su Seat Córdoba para ir al trabajo, en la cercana García Barbón. Extrabajador de banca, desde hacía años era empleado de una asesoría. Se encargaba, entre otras tareas, de la gestión de cobros. Siempre puntual, aquel 2 de abril, sin embargo, ya no pudo llegar como de costumbre a su hora a la oficina. Ni ese día ni ninguno de los siguientes.

Porque allí, en aquel aparcamiento, este vigués, separado desde hacía casi una década y que en esa época vivía con su hermana, su cuñado y sus sobrinos en la zona de San Juan del Monte, fue víctima de un crimen. Un asesinato que, revelarían las pesquisas, no fue casual: entre las 08.15 y las 08.50 horas un individuo solo o en compañía de otros le descerrajó un tiro. El disparo con un arma del calibre 22 fue efectuado a bocajarro e impactó en la zona occipital de su cabeza, casi en la nuca. Letal.

La investigación policial determinaría después que le apuntaron a una distancia que podría oscilar entre unos centímetros y un metro y medio. Una ejecución. Manuel Salgado, sin posibilidad de defenderse, cayó a cinco metros de la plaza donde acababa de dejar su coche. En el garaje solo estaban él y el autor o autores del disparo. Nadie, ningún vecino, escuchó nada. El estruendo del tiro quedó cubierto por un siniestro manto de silencio.

Casquillos, colillas y huellas

Los sanitarios intentaron devolver la vida a Manuel. Fue infructuoso. Los primeros policías nacionales acordonaron el lugar. Pronto llegaron muchos más. Y la comisión judicial. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo. Junto al cadáver se hallaron evidencias. Dos casquillos del calibre 22. Tres colillas, dos de Ducados y una de Kruger, junto a la plaza que usaba el fallecido. Un chicle "mascado". En el suelo había también cinco o seis facturas de obras que llevaba la víctima por trabajo. En varios de estos recibos se hallaron fragmentos de huellas de pisadas. Se recogió todo para ser analizado.

Pronto se descartaron varias hipótesis. Una, la del robo. Sobre el cuerpo de Manuel Salgado apareció su reloj. Conservaba en el cuello la cadena de oro con la medalla. Al revisar su ropa se encontró la cartera, con documentación personal, tarjetas bancarias y 65 euros, entre otros efectos. En un bolsillo tenía monedas. Quien lo mató no se llevó nada de valor, salvo las llaves del vehículo y el teléfono móvil. Aquello no encajaba con un asalto casual y trágico por parte de un ladrón.

Todo lo contrario. La Policía Nacional vio "premeditación". Fueron a por él. Era el objetivo. "El homicidio de Manuel Salgado requirió que los autores tuvieran conocimiento completo y exacto de los movimientos y horarios de la víctima, tanto por el lugar en que fue asesinado, como por la franja horaria en la que se produjo el hecho [?]", se dice en un atestado. Una cuestión que rondó a este caso, con gran peso, es que podría tratarse de un crimen por encargo.

Un inesperado descubrimiento avaló la tesis de la planificación. Un usuario del garaje, tras el asesinato, entregó a los agentes un cartucho que encontró una semana antes en el parking. Se lo había guardado ya que en su momento "no le dio importancia". Los análisis balísticos revelarían que era del calibre 22 y del mismo arma, que nunca apareció, del asesinato. Tenía una muesca, como si hubiera sido percutido, pero sin llegar a dispararse. Policías y juez veían así acreditado que a Manuel ya lo habían tratado de matar días antes. Un primer intento fallido. No estaban ante un homicidio circunstancial, espontáneo. Como recalca uno de los autos judiciales, el delito era aún más grave: asesinato.

Y en pocas horas, los arrestos

La jornada del crimen fue ajetreada para la Policía Nacional. Y entonces parecía que también reveladora. Ese día empezaron a acumularse de forma abrumadora testimonios -de familiares, íntimos amigos o personas relacionadas profesionalmente con el fallecido- que apuntaban a una única dirección. Hubo quienes fueron incluso voluntariamente a comisaría para contar lo que sabían, las confidencias que alguna vez les había hecho la víctima.

Y esas confesiones eran, consta en la causa, que el fallecido se sentía amenazado, que estaba siendo "vigilado y seguido". Que el miedo le había llevado a trasladarse a casa de su hermana. No estaba seguro en la suya. "Mi vida tiene fecha de caducidad, como un yogur", le dijo Manuel a un familiar. Que había llegado a pedir en el juzgado protección policial por, denunció, amenazas "con arma de fuego". Que solía cambiar los vehículos y las rutas "por seguridad". El Seat Cordoba que usaba entonces era, de hecho, de un sobrino. "Al final se lo cargó; lo sabía, lo sabía? sabía que lo iban a matar", exclamó alguien muy próximo al vigués tras comunicarle la Policía su muerte.

Tal era la convicción en esta línea de investigación que horas después del crimen se produjeron las únicas detenciones que hubo hasta ahora en el caso. La de la exesposa del fallecido y la del que entonces era su compañero sentimental. A él lo apresaron esa mañana cuando salía de un bar e iba al comercio que regentaba. A ella la fueron a buscar al colegio que dirigía entonces, en el municipio de Mos. Le pidieron que fuera a comisaría como testigo, pero avanzado el interrogatorio se procedió a su arresto.

Pero, ¿qué llevó a los apresamientos? La magistrada, en uno de sus autos, argumentó que los arrestos en ese primer momento se produjeron "a la vista de los evidentes indicios que llevaban a pensar que existía la posibilidad" de que estas dos personas "pudieran tener algo que ver con el fallecimiento de la víctima".

Los posibles "móviles"

Pero sigamos en abril de 2004. Lo que averiguó la Policía es que Manuel Salgado y su exmujer se habían separado judicialmente años antes, en 1996, tras un matrimonio de 25 años en el que tuvieron dos hijos, quienes tras surgir los problemas acabarían rompiendo relación con su padre. La ruptura no fue pacífica. En la causa consta que desde el mismo 1996 los excónyuges empezaron a cruzarse denuncias "por amenazas de muerte y distintos altercados" como lesiones o robo, ante la Guardia Civil y la Policía Nacional. La mayoría eran de él contra ella. Fue en este contexto cuando el hombre pidió la protección policial. Entre ambos había "muy malas relaciones".

Dos hechos se tuvieron muy en cuenta. El primero parte de una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 2001, confirmada por el Tribunal Supremo, en la que la exesposa del fallecido aparece como una de las personas condenadas en un caso de escuchas telefónicas hechas por una agencia de detectives privados. Estos hechos se remontaban a los 90. Entonces a ella le impusieron dos años y medio de cárcel. La mujer esgrimió en el juicio que ordenó interceptar las conversaciones de su marido para descubrir si le era infiel. La investigación del crimen valoró como "posible móvil" que Salgado se hubiese negado a darle su perdón "para que ella consiguiera el indulto que había solicitado".

El segundo hecho era otro litigio que la Audiencia pontevedresa resolvió con sentencia firme mes y medio antes del crimen. El fallo civil condenaba a la mujer a devolver a su ex unos cuantiosos bienes que había recibido mediante escritura notarial de compraventa, que sería declarada nula. El fallecido le había transmitido ese patrimonio en 1996 bajo la condición de que reanudarían la vida conyugal, pero ella presentó una demanda de separación. Para la Justicia, afrontar esa devolución constituía otro "posible móvil".

Los detenidos comparecieron ante la juez el 5 de abril de 2004. Prácticamente se agotó el límite legal de 72 horas de arresto. Ambos negaron su relación con el asesinato. La exmujer relató que la madrugada del 2 de abril ni ella ni su pareja salieron de casa y que permanecieron en ella hasta las 10.00 horas. Es decir, que estaban en su vivienda en el momento del disparo. Pese al cruce de denuncias desde la ruptura, ella aseguró que no sentía inquina por quien había sido su marido. Y tildó de falso que le hubiese suplicado su perdón para obtener el indulto.

Su compañero reiteró que el día del asesinato no salieron hasta las diez de la mañana. Su coartada la sustentaron la empleada del hogar y un peluquero a domicilio. Este confirmó que, a la hora en que Manuel fue asesinado, él estaba peinando a la mujer en el chalé.

En libertad provisional

La juez, como pidió la Fiscalía, decretó la libertad provisional de la pareja. Seguían imputados. Las pesquisas de los siguientes meses fueron "laboriosas y complejas". Ninguna coincidencia en las colillas, en las huellas? Nada en las pruebas de residuos de disparos. Tampoco aparecían datos relevantes en los teléfonos o en las llamadas hechas desde cabinas próximas al garaje de Rosalía de Castro.

También se indagó en una carta anónima remitida al comisario de Vigo en la que se decía que un "brujo de Vigo" sabía del tema. Un detective del asunto de los "pinchazos" telefónicos fue interrogado en prisión. En vano. Las pruebas no llegaban.

Mientras, las defensas no dejaban de instar el archivo del caso con respecto a sus clientes. Ni ella ni él, argumentaban los abogados en sus escritos, tenían nada que ver con el destino de Salgado: ni habían sido ellos ni se sirvieron de terceros para ejecutar el crimen. Que el fallecido y su exmujer estuviesen enemistados no era, se insistía, indicio de culpabilidad. La mujer, alegaba el jurista que la representaba en réplica a las sospechas policiales, tampoco necesitaba el perdón de su ex para el indulto. Esgrimió que se le conmutó la pena bajándola a dos años, lo que evitaba su ingreso en prisión.

Un crimen tampoco liberaba a la investigada, señalaba el letrado, de devolver el patrimonio que le imponía la sentencia civil. El vigués asesinado, que solo dos años antes había desheredado a sus hijos, nombró heredera universal a su hermana -aunque esto cambió tras la muerte de Salgado, ya que sus hijos impugnaron el testamento y esta mujer se quedó en minoría solo con el 33%-. En los escritos de la defensa se citaban también las denuncias del hombre contra su ex por amenazas, lesiones, robo?, pero para concretar a continuación que habían finalizado con archivos o fallos absolutorios. La posición de esta parte era firme en este punto: Salgado le imputaba "falsos delitos" a su representada con el único fin de "desprestigiarla".

Y al final, el sobreseimiento

La instrucción judicial se encontró avanzado 2005 en un callejón sin salida. La parálisis era tal que la juez dictaba en octubre de ese año un auto acordando la conclusión del sumario para su elevación a la Audiencia Provincial de Pontevedra, órgano al que proponía el sobreseimiento provisional. Aunque había "indicios altamente sospechosos como para vincular la muerte por arma de fuego de Manuel Salgado a la mala relación" de la víctima con su ex y la pareja de ella, como "seguimientos ordenados por ellos", "causas" y "móviles", lo cierto, se argumentaba en la resolución, "es que a lo largo de la instrucción y, por el momento, no existe una prueba objetiva de cargo que permita la formalización de la imputación respecto de los dos imputados". Ningún vestigio biológico de los de la escena del crimen coincidía con ellos. Nada. Cero.

La Sección Quinta de la Audiencia sobreseyó provisionalmente la causa en 2006. Los imputados quedaban libres de cargos. El archivo, en todo caso, no fue definitivo. La juez instructora, en el auto previo, recordaba que seguía existiendo un delito. Un crimen a quemarropa. Y alertaba de que si en el futuro aparecían nuevas pruebas, respecto de los imputados o de terceras personas, "procedería la reapertura". Una advertencia fútil a la vista del tiempo transcurrido. Desde entonces no ha aparecido nada. La investigación no ha avanzado ni un palmo. Casi 14 años después, y al margen de sospechas y corazonadas, la muerte de Manuel Salgado sigue esperando una respuesta a la gran pregunta: ¿Quién?