Una causa que no tendrá más recorrido judicial. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento en el que se investigaba la presunta extorsión y chantaje al empresario del sector pesquero Alfonso Caneiro. El magistrado deja así libre de cargos a los investigados, entre los que se encontraban el exdiputado Eduardo Tamayo, el presidente del sindicato Manos Limpias Miguel Bernad, y un periodista del diario digital OKdiario.
El juez relata en el auto en el que decreta el archivo que en esta causa se investigaba la presunta comisión de un delito de extorsión del artículo 243 del Código Penal del que sería víctima el empresario por parte de un “entramado criminal” formado presuntamente por quienes fueron sus socios en diferentes empresas –uno de ellos Tamayo–, que con la intermediación de otro de los investigados con el periodista, “vendrían exigiendo la entrega de determinadas cantidades de dinero” –que se cifraron en 400.000 euros– para evitar la publicación de “informaciones falsas en detrimento de su prestigio profesional y personal”, al relacionarlo “con ficticios negocios fraudulentos en Guinea”, en los que se afirmaría falsamente la implicación “de conocidos personajes de la vida política de Vigo” como el propio alcalde.
“Sin perjuicio de que la conducta en abstracto pudiera integrar el delito de extorsión”, afirma el juez, no permite sin embargo “colegir la connivencia entre los denunciados para la consecución de la finalidad de extorsionar al denunciante”. “Los comportamientos de los distintos investigados, aisladamente considerados, no cuentan con la intensidad suficiente para integrar el elemento de la violencia o intimidación exigidos por el tipo [delictivo] de la extorsión”, concluye.
Así, señala que ni del contenido de mensajes enviados para exigir la deuda – “si no pagas, tu si que sabrás de mi de forma implacable”, cita a modo de ejemplo–, ni de las llamadas del periodista ni del cruce de conversaciones en las que se invita “a llegar a un acuerdo”, “pueden desprenderse indicios sólidos de criminalidad”. Sobre los mensajes, dice el magistrado, no se puede descartar “el recurso a los mecanismos que brinda el ordenamiento jurídico en reclamación de las legítimas expectativas” y las llamadas del periodista las encuadraría en “un trabajo de periodismo de investigación”. Hay dos denunciados más, vecinos de Vigo, considerados “último eslabón” de la trama, algo que tampoco, concluye el juez, se ha podido acreditar. Contra el auto cabe recurso de reforma.
