Un empresario del sector de los transportes por carretera aceptó hoy en la Audiencia de Vigo una pena de dos años de cárcel por delito de defraudación a la Seguridad Social. El condenado debe indemnizar con 1,3 millones de euros a la Seguridad Social, idéntica cifra que tendrá que abonar asimismo en concepto de multa. Los otros tres acusados en este procedimiento fueron absueltos en virtud del acuerdo alcanzado entre las acusaciones y las defensas. La Fiscalía se mostró favorable a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión condicionado al pago de la responsabilidad civil.
El condenado, Raúl A.S., se dedicaba a la prestación de transportes por carretera, actividad, señala el fiscal, que en los últimos años desarrolló a través de un conglomerado de "sociedades aparentes", que en realidad eran un único grupo bajo su control con el que "jugaba", a efectos de ir sorteando los problemas que las dificultades económicas que atravesaba le originaban, "para disponer de licencias de transporte, eludir impagos de deudas y desatender sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social".
Así, a pesar de que disponía de un único centro de trabajo, en el parque tecnológico de Valladares, un colectivo de trabajadores, un conjunto de medios de producción y una cartera de clientes común, a tales fines distribuía y intercambiaba entre diferentes mercantiles la titularidad de bienes y medios de producción, en particular los camiones y remolques de los que disponía, los consumos, las prestaciones de servicios, los trabajadores y los ingresos, "creando además una compleja y ficticia facturación interna entre las diferentes mercantiles que manejaba". De este modo, las sociedades que figuraban como deudoras de la Seguridad Social aparecían como insolventes. El fraude se prolongó desde 2013 hasta 2018.
