Lejos de atenuarse, el atasco judicial crece y se cronifica en Vigo. Tras dispararse a raíz de la avalancha de litigios derivados de las cláusulas suelo, el parón de actividad que trajo consigo el Covid-19 no ha hecho más que empeorar la situación. Y es que las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativas al primer trimestre de 2020 arrojan que, a 31 de marzo de este año, cuando ya se estaba en pleno estado de alarma, había en los tribunales vigueses 20.314 asuntos a la espera de respuesta. Una cifra récord y que supone un aumento con respecto a los algo más de 20.000 con los que se cerró 2019.
Casi el 70% de estos pleitos aún en trámite se concentran en la jurisdicción civil. Y sobre todo en los juzgados de Primera Instancia ordinarios, que suman 13.424 demandas pendientes: casi 4.000 de estos asuntos corresponden a las dos salas especializadas en cláusulas suelo y otros litigios hipotecarios, las más colapsadas de Vigo. La jurisdicción que está en segundo lugar en pendencia es la laboral, al acumular 3.680 procedimientos todavía sin respuesta. Le sigue la penal, con 2.808 causas, la gran mayoría pertenecientes a los juzgados de Instrucción. Y por último está la de lo contencioso-administrativo, con 402.
Aunque durante el período analizado -de enero a marzo de este año- el estado de alarma solo afectó a 18 jornadas -desde el día 14 de marzo en que se declaró hasta el 31 en que se cerró el trimestre-, los efectos de la paralización de actividad existente esos días se notan bien en la estadística judicial. Mientras la pendencia aumentó, bajó lógicamente la entrada de nuevos asuntos y la resolución de los mismos. Así, durante los primeros tres meses del año se registraron 12.192 casos (un 15% menos) y se resolvieron 12.008 (con similar porcentaje de disminución). La actividad judicial se reactivó en junio.
