Una de las muchas problemáticas sociales que se evidencian a la perfección en las estadísticas judiciales es la de los desahucios. Y en los últimos siete años en Vigo hubo casi 2.600. La mayoría afectan a familias que son desalojadas de viviendas, pero también son relativamente frecuentes en locales comerciales. El último dato anual es el de 2019, cuando se registraron 337 lanzamientos, un 31% más que el año anterior. Prácticamente ocho de cada diez son por impago de alquiler. ¿Y en este 2020? Pues, como en multitud de ámbitos, el coronavirus también ha afectado de pleno a la ejecución de los desahucios. Tras ser paralizados en marzo a raíz del estado de alarma, la oficina judicial que los ejecuta reactivó su tramitación hace un mes: tras tres meses sin llevar a cabo ninguno, los primeros, con los miembros de la comitiva judicial protegidos con mascarillas y gel hidroalcohólico, se hicieron a finales de este junio.
En su serie de datos sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó ayer la evolución de los lanzamientos practicados entre 2013 y 2019 en los más de 400 partidos judiciales existentes en España. Y en este período, en el de Vigo -que incluye también las localidades del Val Miñor- se realizaron 2.587. En todos estos años la cifra más alta fue la de 2014, al registrarse 423. Y la más baja fue en 2018, al contabilizarse 256. En 2019 hubo un repunte: crecieron un 31% hasta situarse en 337. La demarcación judicial viguesa se situó entre las 50 de todo el país con mayor número de lanzamientos.
Por tipología, la gran mayoría de 2019, concretamente 264 -el 78%-, son derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por impago de alquiler. Solo 54 -el 16%- fueron por no abonar la hipoteca y hay otros 19 desalojos que responden a otros motivos. Existen los denominados desahucios por precario, que es la vía que se usa por ejemplo entre familiares cuando uno de los allegados ocupa la vivienda sin pagar ninguna renta y otro quiere que la deje libre. También, a raíz de una reciente reforma legal, existe un procedimiento exprés para echar a ocupas. En 2019 hubo 60 en toda la provincia pontevedresa, pero no se proporcionó el dato por ciudades.
Habrá que ver si la crisis económica del Covid-19 provoca un aumento de estos desalojos, que alcanzaron cifras récord tras la de 2008. Por lo de pronto, la propia pandemia, por precaución sanitaria, los mantuvo paralizados durante tres meses. Se retomaron en junio. "La semana pasada se practicaron desahucios y hoy (por ayer) también se están haciendo", explica Fernando Varela, letrado de la Administración de Justicia del Servicio Común de Notificaciones y Embargos. Con la obligada mascarilla y otras medidas sanitarias, este servicio judicial reactivó asimismo las notificaciones que se hacen en los domicilios. Como medida excepcional, quienes reciben citaciones u otro documento judicial no lo tienen que firmar, para evitar así compartir bolígrafos.
