Galicia se convertía el 15 de junio en la primera comunidad en abandonar el estado de alarma y estrenar la nueva normalidad, situación a la que ya se unió el resto del territorio español, con la excepción del retroceso que acaba de producirse en Huesca para contener varios brotes. Quedan así atrás tres extraños meses en los que se pasó del confinamiento extremo a una progresiva desescalada para aprender a convivir con el Covid-19.
Un período en el que, policialmente hablando, se produjo un inédito desplome de la delincuencia ordinaria: ladrones y otros delincuentes se toparon con un difícil escenario dadas las severas restricciones para salir de casa. Pero en el que, como contrapartida, se registró una actividad sancionadora en las calles nunca vista derivada del incumplimiento del encierro domiciliario y de otras normas, como la más reciente del uso obligatorio de la mascarilla.
En Vigo se efectuaron un número superior a las 5.000 propuestas de sanción. En toda la provincia se superaron las 12.000. Ahora, la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra está inmersa en la labor de incoar los expedientes y notificarlos a los infractores. Por ahora, según esta institución, se han tramitado el 25%. Así que, aún quedan pendientes miles más pero, según las mismas fuentes, cuentan con un plazo de "un año" desde que se cursó la denuncia para la "apertura del trámite".
Tras la propuesta de denuncia y una vez se incoe e instruya el procedimiento sancionador y se notifique al interesado, empiezan a correr los plazos. Las opciones son pagar voluntariamente la multa -con la correspondiente bonificación- o realizar alegaciones. Todo ello en el ámbito administrativo, donde todavía, en caso de fracasar esos primeros alegatos, quedará la posibilidad de recurrir. Pero agotada esa vía, habrá que ir ya a la judicial.
¿Habrá un aluvión de demandas en los dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vigo derivados de estas multas? Esto aún es una incógnita, pero lo cierto es que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha considerado que este es uno de los tipos de procedimientos que se incrementarán derivados de la crisis del Covid-19.
Aún habrá que esperar unos meses para que estos casos empiecen a llegar a los tribunales y será clave el cariz de las primeras sentencias para comprobar si los jueces ven ajustadas las sanciones o al contrario, como sostienen no pocos abogados, existe base legal para su nulidad en base a la "inseguridad jurídica" que plantea con respecto a esta cuestión el Real Decreto gubernamental.
También, apunta el abogado vigués Alejandro Vega, será clave el importe de la multa de cara a que un ciudadano se anime a ir o no a la vía judicial. "Si te imponen una de 600 euros que se reduce si te acoges a la bonificación, puede ocurrir que acabe siendo más costoso económicamente pagar a un abogado; mucha gente no recurre las multas de tráfico precisamente por esto; el tiempo dirá qué ocurre con esta cuestión", opina.
A la espera de cuál será el escenario, en Vigo, entre el 14 de marzo en que se declaró el estado de alarma y el 15 de junio en que arrancó la nueva normalidad, la Policía Local cursó 2.116 propuestas de sanción. De Policía Nacional solo se informó de las denuncias tramitadas hasta el inicio de mayo, cuando ya llevaban más de 2.200. También en el ámbito vigués hubo multas de Guardia Civil de Tráfico a conductores que se saltaron el confinamiento.
La cifra entre marzo y junio sumados todos los cuerpos policiales supera las 5.000 en la ciudad, pero, al menos por ahora, no se facilitó el dato exacto. Tras llegar a alcanzarse las 100 denuncias diarias, avanzado mayo el ritmo bajó a apenas unas cuantas cada jornada. Las últimas han sido sobre todo por no utilizar la obligada mascarilla.
