La Administración de Justicia afronta un reto sin precedentes. Las previsiones oficiales ya perfilan un incremento histórico de litigiosidad a causa del Covid-19. Con una larga y reconocida trayectoria a sus espaldas, Manuel Almenar, presidente de la asociación mayoritaria entre los jueces, la APM, garantiza que los magistrados y el resto de operadores jurídicos harán "lo imposible" para "ayudar a la sociedad" a superar el difícil escenario que ha dejado tras de sí la pandemia. Para ello, este magistrado que desarrolla su labor en la Audiencia Provincial de Pontevedra resalta que es preciso que los juzgados se pongan "ya" en marcha: para resolver los asuntos acumulados en estos más de dos meses de parón y para "planificar los mecanismos" que se necesitarán para atender la "avalancha masiva" de casos que derivarán del coronavirus. Un aluvión que, vaticina, empezará a finales de este 2020 y tendrá su apogeo en 2021.
EN DIRECTO
Coronavirus en Galicia: última hora
Sigue las noticias sobre la incidencia de la pandemia del Covid-19 en la comunidad
-Los juzgados siguen prácticamente parados. Aunque se vislumbra la reactivación porque el 4 de junio se alzará la suspensión de los plazos procesales, muchas voces críticas censuran que por ejemplo ya se pueda tomar un café en una terraza, pero no celebrar un juicio. ¿Tiene justificación que la actividad aún no se haya retomado?
-Esta situación a día de hoy solo tiene sentido en escasos lugares donde por condiciones físicas, por disposición de pasillos o salas de vistas, no se pueda desarrollar el trabajo con normalidad y garantizando las normas sanitarias. Pero con otros sectores ya reactivados, no se entiende bien porque no se hace lo mismo en el judicial. Si la administración sanitaria fue en un inicio -y lo sigue siendo- el pilar clave para superar la pandemia y atender a los afectados por el virus, ahora será la Administración de Justicia la que tendrá que asumir ese papel esencial para dar respuesta a los problemas económicos, sociales y jurídicos que deriven de la crisis del Covid-19. Al principio [del estado de alarma] fue lógico que se suspendiesen los plazos procesales y administrativos. Y que se ralentizase la actividad judicial. Y digo ralentización y no paralización, porque, en Galicia sin ir más lejos, no se dejaron de resolver los asuntos urgentes e incluso alguno más. Pero son escasos en relación a los que normalmente se registrarían. Así que debemos ponernos ya en pleno funcionamiento. Con el alzamiento de plazos el 4 de junio habrá una avalancha de los casos acumulados. Y a esos se sumarán en los próximos meses los derivados de la pandemia. El Ministerio de Justicia calcula que entre 2020 y 2021, por el Covid-19, se esperan 8 millones de asuntos más de los que se preveían.
-¿Qué medidas serán necesarias para atender esta avalancha que ya se pronostica histórica?
-La primera, y a la mayor brevedad, es empezar a trabajar a pleno rendimiento con las medidas de seguridad sanitarias. A partir de ahí hay que analizar en qué órdenes jurisdiccionales y en qué tipo de procedimientos aumentará la litigiosidad, para lo que habrá que esperar uno o dos meses. De inmediato, para funcionar bien desde el 1 de septiembre, se necesitan planes de autorrefuerzo -dedicar más horas a tramitar y resolver asuntos-, planes de refuerzo con comisiones de servicio [de jueces] con o sin relevación de funciones y órganos judiciales: reconducir juzgados de nueva creación a las jurisdicciones donde se prevean más asuntos. Y, en paralelo, se propusieron al ministerio y al Consejo General del Poder Judicial reformas para agilizar los procedimientos.
-¿Qué tipo de reformas?
-Por ejemplo mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Uno sería que los jueces puedan dictar sentencias in voce de asuntos sencillos sin recurso. Como de cláusulas suelo, donde ya hay jurisprudencia clara. O en procedimientos contenciosos de multas de tráfico o en casos del ámbito social.
-¿Dónde se espera la oleada de pleitos del Covid-19?
-La primera avalancha parece que será en civil y laboral. También la habrá muy acusada en la jurisdicción mercantil, pero al preverse que no se puedan solicitar concursos de acreedores necesarios hasta final de año, ahí llegará en 2021.
-Parece que el aluvión será peor que el de la crisis de 2008.
-Aún es difícil dar una respuesta, pero sí, creo que será peor. Porque llevamos casi tres meses trabajando a ralentí y todos los asuntos acumulados llegarán de golpe. Y porque en 2008 la desaceleración fue paulatina, duró años. En esta pandemia ha sido un fenómeno brusco, de días. Solo hay que ver el número de ERTEs. Así que el impacto será mayor y más difícil de asumir. Es lo mismo que ha ocurrido en los hospitales, con muchos pacientes de coronavirus en poco tiempo: se saturaron. Pues en los juzgados, si hay una llegada masiva de asuntos, es más difícil dar una respuesta correcta. Pero querría trasladar un mensaje de tranquilidad. Jueces y demás operadores jurídicos haremos lo imposible para que la Administración de Justicia se recupere lo antes posible y podamos prestar el servicio que necesitan los ciudadanos. Entre todos ayudaremos a la sociedad a salir de la crisis a la que nos abocó el Covid-19.
-¿Qué medidas precisan los edificios judiciales para garantizar la seguridad sanitaria?
-Lo fundamental es analizar cada edificio. Las medidas no son costosas. Por encima de todo hay que intentar mantener la distancia de seguridad de dos metros entre personas, con aforos en salas de vistas, oficinas y pasillos. Si hay que distribuir el mobiliario de otra manera, pues se hace. Si hay que establecer una entrada paulatina en los edificios, también. Y para evitar aglomeraciones, si antes se señalaban 20 juicios en una mañana, ahora habrá que poner menos. Ahí está la posibilidad de celebrarlos por las tardes. Y cuando no se puedan mantener distancias, se deben garantizar equipos de protección, mascarillas. Cumpliendo esto no debería haber problemas.
-Las nuevas tecnologías parece que jugarán un papel clave.
-Sí, las tenemos a nuestra disposición. Pero esta crisis evidenció que aunque llevamos hablando de la modernización de la Justicia desde 2009, se progresó poco. Y eso que Galicia es una de las comunidades más avanzadas. Aún queda mucho por hacer.
-Una de las novedades de esta crisis son los juicios telemáticos. Pero, ¿pueden de verdad sustituir a los presenciales?
-Que un juicio sea telemático o presencial dependerá del juez y de cada caso. Ni todas las jurisdicciones ni todos los asuntos son iguales. En social, en materias en las que la prueba es básicamente documental y solo deben estar juez y abogados, es más sencillo que sean telemáticos. O en muchos asuntos contenciosos. Distinto es penal. Aunque cierta prueba, como ya ocurre, se haga por videoconferencia, lo esencial del juicio se desarrolla ante el juez, que debe tener inmediación absoluta para valorar la credibilidad de un acusado, de una víctima, de un testigo... No es igual verlos en una pantalla, que tenerlos delante a tres metros. Ver sus gestos, si están nerviosos... es clave para valorar su testimonio. Digo que sí a las vistas telemáticas, pero no para todo. Hay que tener cuidado de garantizar los principios básicos de un proceso.
-¿Y qué opina de que gran parte de agosto sea hábil?
-Es una medida poco efectiva. Ahí se concentrarán las vacaciones y pocas actuaciones judiciales más se celebrarán de las que ya se hacían siempre por ser urgentes. El único efecto práctico es que corren los plazos, pero no veo que eso suponga un beneficio tal que justifique la medida. Comprendo las quejas de abogados y procuradores.
