El Ministerio de Justicia ya ha perfilado como serán los juzgados de la "nueva normalidad". Lo ha hecho con un Real Decreto-ley y con un plan de desescalada en cuatro fases, que arranca mañana con la incorporación de una mayor plantilla de funcionarios con el objetivo de que en junio ya estén el 100% de trabajadores. Pero, por el momento, la actividad en los tribunales de toda España, y consecuentemente en los de Vigo, seguirá en mínimos pese a que cada vez son más los colectivos que urgen que se vaya retomando la rutina: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de acordar que al menos hasta el 24 de mayo se continuará solo atendiendo asuntos esenciales y que los plazos procesales, claves para avanzar en la tramitación de los procedimientos, siguen suspendidos. Los juicios, salvo los urgentes, permanecen también paralizados.
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A la espera de una reactivación real aún sin fecha, el 29 de abril se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley de medidas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia. Un texto que incluye la controvertida habilitación de parte de agosto -del día 11 al 31-, la celebración de juicios, interrogatorios y demás comparecencias "preferentemente" de forma telemática -así como las deliberaciones de los tribunales de magistrados-, la dispensa a abogados y procuradores del uso de la toga en las vistas, las exploraciones médico-forenses basándose solo en documentación médica si es posible y una atención al público vía telefónica o email: presencial solo si es imprescindible y siempre con cita previa.
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En el plan de desescalada también del ministerio, oficializado este fin de semana, se ahonda en las medidas preventivas y de limpieza frente al coronavirus en las oficinas de trabajo, en la conveniencia de "distanciamiento temporal" entre juicios -para evitar aglomeraciones en los pasillos- o en la "limitación" de los traslados de detenidos y presos a las sedes judiciales abogando, como ya ocurre, por las videoconferencias con las sedes policiales.
Y se describen los novedosos turnos de tarde en los juzgados -de 15.00 a 20.00 horas y con un máximo del 30% de la plantilla-, cuyo establecimiento será determinado por la administración competente en cada ámbito, en este caso la Xunta: la participación será "voluntaria" -solo si no hubiese voluntarios suficientes para las tardes se podrían fijar turnos forzosos- y en esas horas no se prestará "con carácter general" servicio de atención al público y profesionales, salvo que haya actuaciones fijadas.
Colaboración
Esto es lo que se ha trazado sobre el papel. ¿Qué opinan los colectivos judiciales? La abogacía viguesa estima que, para la reactivación, es clave la "colaboración" de todos los que participan en la Administración de Justicia. Y ve idóneo que la desescalada en este ámbito se diseñe por "partidos judiciales". "En Vigo todos deberíamos sentarnos para estudiar como aprovechar las medidas y que los juzgados funcionen lo mejor posible", opina Lourdes Carballo, decana del Colegio Las claves son "el diálogo y el esfuerzo común". "La Justicia ya iba mal; lo que hizo el Covid-19 es evidenciar esos problemas y agravarlos", valora. No quedará más remedio, dice, que "acostumbrarse a trabajar" con las medidas sanitarias. Eso sí, "no a costa de los derechos de los ciudadanos". Y pone un ejemplo: "La videoconferencia hay que usarla en su justa medida, no para celebrar juicios completos; no puede sustituir a la presencialidad, inmediatez u oralidad de estos procesos".
Hablando de videoconferencias, una de las preocupaciones es que los "medios tecnológicos" no respondan bien ahora que serán imprescindibles. Lo avisa Juan José Yáñez, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal 1 de Vigo y miembro del secretariado ejecutivo de la asociación UPSJ. Y cita un juicio de causa con preso urgente que debían celebrar la semana pasada: "Fue imposible y hubo que suspenderlo; la videoconferencia con A Lama -allí estaba el acusado- no funcionaba". También ve clave que se "acelere" la implantación del expediente digital en todos los juzgados, para "facilitar" el teletrabajo de los funcionarios. Y pide equipos de protección individual completos para cuando hay que hacer diligencias fuera de los juzgados: un supuesto habitual son las entradas y registros domiciliarios.
Los procuradores, por su parte, asisten con intranquilidad a la actual parálisis y recuerdan la huelga de funcionarios de 2018, que derivó en una "acumulación de procedimientos tremenda". "Hay que retomar la actividad y levantar la suspensión de plazos procesales", reclama el decano, José Antonio Fandiño. Sobre la habilitación de agosto, lo ve "inoperativo", sobre todo si no se sustituye al personal que esté de vacaciones.
Y los funcionarios, junto a pedir "la digitalización al 100%" de los juzgados para potenciar el teletrabajo, ahora "muy limitado" por ese hándicap, solicitan "protección" en sus puestos de trabajo. "Estamos deseando incorporarnos, pero con seguridad", afirma Julián González, presidente de la junta de personal y del sindicato STAJ. Pablo Valeiras, de Alternativas na Xustiza, denuncia que la Xunta les "ignora" de cara a la desescalada y, como otros sindicatos, urgen EPIs, detectores de temperatura en los accesos o test de coronavirus a los trabajadores que se reincorporen.
Lourdes Carballo - Decana del colegio de abogados
"La Justicia ya iba mal; el Covid-19 ha evidenciado los problemas existentes y los ha agravado"
Juan José Yáñez - Unión progresista de letrados judiciales (UPSJ)
"Debe haber equipos de protección completos para diligencias como son las entradas y registros"
José Antonio Fandiño - Decano del colegio de procuradores
"Declarar hábil parte de agosto es inoperativo, no tiene sentido si no se cubre al personal de vacaciones"
Julián González - Presidente de la junta de personal judicial
"Si no se desarrolla la digitalización al 100% en cada tribunal el trabajo desde casa estará muy limitado"