Problemas con el alcohol, las drogas y cada vez más comúnmente las adicciones a los videojuegos online están motivando un aumento de conflictividad en las familias. La situación todavía se agudiza más cuando los afectados son jóvenes ya mayores de edad y sobre los que los padres no tienen un control tan estricto -ni legal- como cuando todavía no habían cumplido los 18 años. Tanto es así que desde la oficina judicial de asistencia y atención a la víctima ha denotado en el último año un notable incremento de peticiones de progenitores solicitando el internamiento involuntario de sus hijos a raíz de las enfermedades y trastornos psiquiátricos que estas adicciones les generan.

No se trata de una realidad plasmada solo en números, sino que desde este servicio ubicado en la primera planta del edificio de la Audiencia se ha remitido un informe a la Fiscalía en el que, junto a otros datos y tareas, redundan en esta tendencia así como en la necesidad de una fórmula más adecuada para estos padres "totalmente desesperados". "La solución no es el internamiento involuntario, porque al ser mayores de edad, cuando pasan un tiempo ingresados y mejoran, regresan a sus casas y la situación vuelve a repetirse", explican desde la oficina judicial.

Recalcan que una respuesta más idónea para estas familias sería la de apostar por un "trabajo multidisciplinar entre las distintas administraciones y que se destinaran más medios y recursos en materia de prevención y resolución del conflicto", exponen en dicho informe.

Destacan además que esta problemática se ha llegado prácticamente a equiparar con casos de violencia de género o doméstica, que hasta ahora copaba buena parte de las peticiones de asesoramiento y asistencia de esta oficina.

En concreto, uno de los casos más sangrantes que han tenido es, según manifiestan dichas fuentes, el de unos padres que acudieron hasta el servicio preocupados por su hijo, quien llevaba más de 7 años encerrado en su domicilio y quien no hacía más que jugar a los videojuegos en su habitación, lo que generó y derivó en una conflictividad entre los miembros de la familia.

Estos internamientos involuntarios tienen que ser ordenados por los jueces de Familia. El año pasado, los tres magistrados aprobaron un total de 669 -según las estadísticas de la Oficina de Registro y Reparto- y al tratarse de ingresos no voluntarios deben ser revisados cada cierto tiempo. Hay numerosos casos, desde adolescentes que padecen desórdenes de personalidad hasta enfermos crónicos que sufren brotes, jóvenes que han perdido el control y se vuelven hostiles en el hogar, o mayores que muestran un deterioro cognitivo.

A mayores de esta problemática, desde la oficina de asistencia a la víctima atienden muchas otras dudas o necesidades que plantean. Así, en 2019 atendieron a un total de 8.839 personas cuyas consultas fluctúan entre indicaciones para presentar una demanda, aclaración de notificaciones, asistencia en casos de violencia de género, peticiones de justicia gratuita, etc. De ellos, un total de 162 fueron derivados a Fiscalía: 140 por malos tratos a mujeres, 12 por violencia doméstica, 5 por violencia sexual, 3 por tratarse de menores y otros dos por situaciones de acoso.

También dieron cuenta al Ministerio Público del incremento de peticiones de información sobre cómo formular demandas antes monitorios, especialmente por la compra de deudas por fondos financieros, "que se a cuadriplicado", respecto a otros años.