Una "reestructuración" de las unidades del Ministerio de Defensa a nivel nacional anunciaba a principios de año que Vigo perdería a finales de este año la delegación del ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) que ocupaba en calle Gran Vía de la que se benefician cerca de 4.000 jubilados, militares, guardias civiles o funcionarios del área. La idea pasaba por centralizar todos los trámites en Pontevedra, emplazamiento al que tendrían que desplazarse todos los afectados -muchos de ellos casi de forma diaria- para solicitar recetas o gestionar bajas e incapacidades.

Siete meses después, tras múltiples reivindicaciones de los miles de usuarios de Vigo y bajo petición expresa también del alcalde de Vigo Abel Caballero y ediles de la corporación municipal, el Gobierno estatal da ahora marcha atrás y decide mantener la delegación del Isfas con su "estructura, dotación y emplazamientos" actuales. Y para ello tan solo fue necesaria la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada también por el subsecretario del Ministerio y la Subdelegada del Gobierno en la provincia, Maica Larriba, a las instalaciones donde estaba previsto ubicar una especie de "buzón" que canalizaría los documentos para su posterior tramitación en la delegación de Pontevedra.

Al parecer, estas no cumplen con los requisitos mínimos y condiciones para acoger esta nueva función, ya que sería necesaria una "amplia" remodelación y adecuación de los espacios. Ante esta situación, la Ministra ha optado por mantener la actual oficina del Isfas en Vigo, sita en la calle Gran Vía, emplazamiento en el que operarán como hasta ahora un delegado y varios funcionarios. "Con esta decisión, los vigueses podrán seguir disfrutando de la agilidad en la tramitación directa de las prestaciones del ISFAS, al gestionarse directamente desde Vigo y no remitirse a Pontevedra", admite Defensa.

Este anunciado cierre en Vigo no se reducía solo a la ciudad viguesa, sino que se trataba de una propuesta basada en el objetivo de adecuar su estructura territorial a la idea de mantener, al menos una delegación en cada una de las provincias de España y reforzar con delegaciones donde existan "núcleos especialmente voluminosos de colectivo afiliado". En el caso de Pontevedra, la delegación provincial cuenta con 8.877 afiliados, mientras el colectivo de Vigo asciende a los 3.450 personas, menos de la mitad, según los datos que maneja el Ministerio.

Este razonamiento no gustó a los usuarios que argumentaban que "el 90% de los usuarios son jubilados, gente mayor que no emplea ni internet ni nada por el estilo. Y en muchas ocasiones viven solos o impedidos", recalcaba entonces a FARO uno de los afectados.