El Consorcio Casco Vello de Vigo (CVV) acordó ayer la resolución del contrato de derecho de superficie que Down Vigo conservaba sobre los terrenos de su sede, un inmueble ubicado en el número 27 de la calle Real. El ente -encargado de revitalizar el área histórica de la ciudad e integrado al 90% por la Xunta y al 10% por el Ayuntamiento- aprovechó la reunión de su comité ejecutivo para dar el visto bueno a la recepción del edificio, el paso previo necesario antes de aprobar su entrega a Zona Franca en la próxima sesión, prevista para finales del mes de octubre. El organismo estatal encabezado por David Regades acometerá la rehabilitación del espacio y se lo volverá a alquilar a la asociación, que no pudo acometer el proyecto por falta de recursos.

Según explicó la responsable de Urbanismo del Concello, María José Caride, el comité sirvió para trasladar "formalmente" la necesidad de resolver toda la tramitación "lo más rápido posible" con el fin de iniciar cuanto antes las obras y dar así respuesta a la vocación social de Down Vigo, "que necesita unas instalaciones adecuadas".

A comienzos de agosto, la delegada de la Xunta en Vigo, expresó su voluntad de agilizar el procedimiento y seguir quemando etapas a un acuerdo sellado en enero de este año, cuando Down y Zona Franca sellaron un convenio de colaboración para reubicar su sede en la calle Real con un edificio capaz de prestar servicio a las 200 personas con necesidades especiales a las que la asociación presta asistencia. Esa es su misión, pero indirectamente también contribuirá a dinamizar una de las principales secciones del casco antiguo.

Sin embargo, hubo más asuntos encima de la mesa del comité ejecutivo del Consorcio, que extendió su duración más de lo inicialmente previsto. Principalmente sobresalieron dos: las cuentas del ente para el próximo año y la revisión del plan de actuaciones trazado hasta 2024.

Sobre los recursos, hubo acuerdo en incrementar los fondos. En proporción al peso de cada administración, la Xunta aportará 200.000 euros y el Concello hará lo propio con 22.222. Según Caride, el dinero contribuirá a solven tar el desfase en los gastos de funcionamiento,que obligan a recurrir a partidas destinadas a los proyectos. "Un problema de gestión", rubricó. Porro, sin embargo, puso de relieve que el Consorcio manejará durante el siguiente ejercicio "hasta 4 millones de euros" que resultan de sumar, además de los 222.000 euros extra de ayer, un presupuesto base de 1,6 millones, el remanente de tesorería y los ingresos previstos por las ventas y arrendamientos de los inmuebles. "El presupuesto del año pasado fue de un millón", comparó.

El otro asunto en discusión, el de la hoja de ruta de proyectos, también genera lecturas divergentes. La edil de Urbanismo denunció que la labor rehabilitadora del Consorcio "se debilita por la escasez de recursos"' y reveló un acuerdo para financiar con inyecciones "adicionales" posibles nuevas intervenciones. "Entendemos que esto da respuesta a la solicitud que el alcalde hizo al presidente de la Xunta para financiar con 5 millones de euros el impulso, compromitiendo 500.000 euros por parte del Concello de Vigo".

En el lado contrario, Porro negó que el Gobierno gallego cediera a cualquier pretensión de Praza do Rei y recalcó que el aumento de ingresos responde única y exclusivamente al "compromiso real" de la autonomía con la recuperación del Casco Vello. "Si es necesario hacer nuevas aportaciones, la Xunta,en funcion de la gestión y la ejecución de las obras, las haría", deslizó. Además, la delegada denunció la dificultad de acometer nuevas reformas en edificios en ruinas si previamente el Concello no expropia previamente el patrimonio. "Si no se hace, no es posible", zanjó.

Asimismo, la delegación de la Xunta dio a conocer que el comité aprobó la adjudicación de la rehabilitación de Elduayen, 31 (por 692.550 euros) y una propuesta de reforma de la gestión de los locales comerciales. Sobre este último punto, se informó de un proyecto que llevará a cabo la empresa Innova Labs para explotar de manera colaborativa los bajos comerciales que cuentan con características similares. En su análisis, asegura la Xunta, se apuesta por la contratación de un gestor profesional para coordinar los activos.