En noviembre de 2006, un vigués de 26 años pasó por el quirófano de una clínica privada de A Coruña para colocarse una prótesis en la cadera derecha como consecuencia de una necrosis avascular. Se le colocó una ASR de la firma Depuy, filial de Johnson & Johnson. Tras una buena evolución inicial, en octubre de 2010, su cirujano le informó que podía haber serios problemas con esa prótesis, debido al desprendimiento de iones metálicos, 19 veces superiores a lo normal. Tan solo cinco meses después, en una revisión urgente se le detectó niveles seriamente altos de cromo y cobalto por lo que a finales de 2011 le fue retirada la prótesis.

Esta situación le provocó al joven un cuadro de ansiedad por las posibles consecuencia que para su salud pudieran tener los restos de metal liberados así como una segunda y tercera operación de recambio de prótesis antes de los tiempos habituales.

Fue entonces cuando asistido por el letrado Emilio Ortiz, quien lleva una década instruyendo y estudiando reclamaciones de prótesis defectuosas, interpuso una demanda contra Johnson & Johnson, que se vio obligada a pagar 61.791 euros a este vigués no solo por la calidad de la prótesis que le fue implantada, cuya alta tasa de envejecimiento era la mitad de lo normal, sino también por deficiencias en su etiquetado.

Este fallo es considerado por el abogado -que lleva más de 60 casos por toda España- el más importante, sentando precedente a la hora de argumentar futuras demandas contra la firma americana. "El juez de Primera Instancia 14 de Vigo. Sentó precedente porque supo ver cual era el problema" aprecia el letrado catalán, quien afirma que la misma no constó de recursos. "La sentencia es firme. Si hubiesen recurrido hubiesen perdido en segunda instancia. Desde el 2009 que llevo investigando y 2011 que iniciamos los procedimiento judiciales sobre estos casos puedo decir que es la mejor sentencia que hemos tenido en todo el proceso por argumentación y recursos", aclara.

En ella, el juez afirma que "de las pruebas periciales aportadas al presente proceso resulta que los tres elementos de la prótesis de cadera que le fueron implantados a don Carlos en el 2006 presentaban defectos de diseño y fabricación que causaron la liberación de partículas metálicas en el interior del organismo". Es decir, que el roce metálico de las diversas partes de la prótesis liberaba metales que se alojaban en su organismo. También aclara que si bien aparecen "identificados" cada uno de los cuatro componentes de las prótesis implantadas, las etiquetas "no proporcionan información alguna ni de la persona que hubiese realizado materialmente su fabricación, ni del lugar, ni de la fecha", apunta.

Recientemente -a principios de junio- la Audiencia Nacional levantó el secreto que pesaba sobre la causa sacando a la luz la investigación que está llevando a cabo contra la multinacional estadounidense precisamente por estas prótesis de cadera supuestamente defectuosas y en las que Emilio Ortíz ejerce como acusación. El juez citará a declarar a tres expresidentes y a un representante legal en las próximas horas.