El cierre a principios de 2017 de la ECAI Addis Galicia, con sede en Vigo, que gestionaba los trámites de adopción en Etiopía y Burundi, condenó a más de medio centenar de familias gallegas a la pérdida del proceso y por lo tanto del expediente, en algunos casos tras más de cinco años de espera y tras incluso haber visto las fotografías de los que iban a convertirse en sus hijos. La situación llevó a una decena de afectados a presentar una querella contra la entidad, a la que acusan de un delito continuado de estafa agravada y de otro de fraude de subvenciones. El Juzgado de Instrucción 4 de Vigo dirigió la investigación, y tras dos años de pesquisas concluyó con un auto de sobreseimiento que ahora viene a ratificar la Audiencia viguesa.

La ONG argumentaba un fallo en el plan de viabilidad económico presentada ante la Dirección Xeral de Familia, y esta máxima también es contemplada por el tribunal en su fallo. "Las actuaciones de Addis Galicia manifestando a la Xunta la problemática creciente de la tramitación de los procesos adoptivos en Etiopía por causas ajenas a la ONG así como las circunstancias que afectaron a la situación económica de está son desde luego incompatibles con la voluntad de incumplimiento del contrato desde el primer momento", explican los magistrados.

Señala que fueron circunstancias "sobrevenidas" y no malintencionadas las que provocaron el quiebre de la gestora y por lo tanto el parálisis de los expedientes. "En modo alguno podemos sostener que se ocultó información a los querellantes o que hubo el engaño precedente que exige el delito de estafa", aclara.

Pero, ¿cuáles fueron las causas que derivaron en el cierre de Addis Galicia? La sentencia las remonta a octubre de 2012. La Comisión Interautonómica acordó no admitir nuevas solicitudes de adopción para Etiopía y tramitar solo los anteriores a dicha fecha. Tras esto, Addis Galicia, en una reunión con la Xunta le manifestó la creciente problemática en los trámites de adopción tales como "demora en el proceso, falta de asignaciones, incremento de los costes, burocracia y pagos a orfanatos". Estos problemas "afectaron a la situación económica de Addis" cuya única solución pasaba por "actualizar las tarifas". Por ello se convocó una reunión a tres bandas entre Xunta, ONG y familias con las nuevas tarifas (los orfanatos de Etiopía pasaron a exigir 8.000 euros) y a condición de que hubiese un mínimo de 20 familias que aceptasen el acuerdo. Si bien se llegó a un entendimiento en el coste del proceso, no se obtuvo el número mínimo de familias necesarias. "Addis presentó correctamente toda la documentación hasta el momento en que planteó su imposibilidad de continuar u actividad por motivos económicos", dice el fallo.

En cuanto al fraude en subvenciones, señala la Audiencia que las obras para las que fueron adjudicadas se realizaron "de forma satisfactoria".