Una treintena de dueños de bares de Vigo y su demarcación judicial se sentarán en el banquillo de los acusados por las emisiones piratas de partidos de fútbol destapadas en la Operación Themis, desarrollada por la Policía Nacional a nivel nacional el pasado mes de diciembre tras una denuncia de LaLiga tras detectar miles de emisiones fraudulentas en todo el país, tanto con decodificadores ilegales -comprados de manera libre para captar la señal pirateada- como con aparatos legales, pero con licencia de uso particular. Unos 2.000 establecimientos de toda España, unos 87 en la provincia de Pontevedra, recibieron la visita de los agentes entre el 11 y el 13 de diciembre, justo cuando en plena emisión de partidos de la Champions y la Europa League.
Los juzgados de instrucción de Vigo se han repartido ya los causas y por cada hostelero se abrirá un procedimiento independiente a tenor de los acuerdos adoptados a nivel nacional. En principios se les imputa un delito contra la propiedad intelectual, si bien en los casos en que las defraudaciones no superen los 400 euros se celebrarán vistas exprés por delito leve, sancionado con multa. En estos casos algunos magistrados citarán directamente a un "juicio exprés" al representante de LaLiga y al hostelero afectado. Esta es la situación de dos hosteleros que podrían ser juzgados en el plazo de dos meses en el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo.
Más compleja se presenta la situación para quienes superen los 400 euros de defraudación. La instrucción será más larga y la Fiscalía todavía debe calificar, uno por uno cada caso.
La denominada Operación Themis se puso en marcha con un centenar de agentes de manera simultánea en toda España bajo la dirección de la Brigada Central de Ciberdelincuencia a las 22.00 horas del martes 11 de diciembre y concluyó al día siguiente. Se desarrolló en todas las provincias donde LaLiga había detectado emisiones fraudulentas. El objetivo, pillar in fraganti a los defraudadores en plena emisión de los partidos.
La auditoría que había encargado LaLiga antes de presentar la denuncia destapó más de 4.000 emisiones ilegales en otros tantos establecimientos de todo el país que fueron advertidos por carta, después del verano de 2018, de que habían sido descubiertos. Se les advertía de que actuarían contra ellos si no subsanaban la irregularidad.
