El bloqueo urbanístico al que está sometido la ciudad de Vigo está llegando a su fin. En apenas un mes el Concello podría estar en disposición de aprobar de forma definitiva la ordenación provisional. Después de la publicación el pasado lunes en el BOE de los dueños de parcelas a los que Urbanismo no pudo localizar, estos tienen ahora veinte días para presentar las alegaciones que consideren oportunas al plan provisional. A partir de ahí, se hará un informe sobre esas alegaciones, último paso antes de su puesta en marcha. Esta ordenación permitirá recuperar el 35% de la superficie urbanizable (alrededor de 35.000 parcelas) del antiguo PXOM anulado en 2008 por el Tribunal Supremo. "Ese plan se anuló por un error de la Xunta", clamaba ayer el alcalde, Abel Caballero.

Después de notificar ya a más de 46.000 propietarios que podrán urbanizar sus terrenos, esos titulares catastrales solo han presentado 387 alegaciones y que ya se han incorporado al documento definitivo. "El acuerdo con la propuesta de edificación es total", señaló el regidor.

También el BOE publicó el pasado viernes la lista de los cinco solares cuyos dueños fue imposible localizar para notificarles que se incorporarán al registro de solares del programa de edificación forzosa del Ayuntamiento de Vigo. Se trata de los titulares de las fincas situadas en Alfonso XIII, Rogelio Abalde, Abeleira Menéndez, Sombrereiros y Puerto Rico. Previamente ya fueran notificados los propietarios de 25 edificaciones abandonadas o en ruinas. En total serán treinta las parcelas que participarán en este programa municipal. "Dicho de forma coloquial, se acabó la broma de tener solares sin edificar indefinidamente afeando la ciudad, provocando mal urbanismo, zonas de suciedad, marginalidad...", anunció Abel Caballero.

El regidor incidía ayer de nuevo en la importancia de la reunión mantenida el pasado lunes con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. El encuentro sirvió para desbloquear la recuperación de la muralla de la antigua fortaleza de O Castro. Según el convenio firmado por Caballero y Saura, Fomento asumirá tres cuartas partes de los 835.000 euros del proyecto y el resto saldrá de las arcas municipales.

Caballero se llevó una desagradable sorpresa en el encuentro, al ser informado que el anterior Gobierno, bajo la presidencia de Mariano Rajoy y con Ana Pastor como ministra de Fomento, dejó caducar el estudio de impacto ambiental para el proyecto de la nueva autovía entre Vigo y Porriño. "Esto es algo tremendo. Lo dejaron prescribir y ahora hay que volver a empezar, con requisitos más severos", lamentaba el regidor olívico.

El PP de Vigo, por su parte, acusó a Caballero de mentir y afirma que fue el Gobierno socialista de Pedro Sánchez quien dejó caducar ese informe ambiental.