Luz verde al Plan Económico Financiero del Concello, un documento del que está obligado a dotarse tras haber incumplido en 2018 el techo de gasto para hacer frente al rescate del Mar de Vigo. El pleno municipal sacó ayer adelante con el respaldo en solitario de los socialistas -PP y Marea votaron en contra- el plan que ahora deberá trasladar a la Xunta, el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Antes de su aprobación el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, incidió en la salud financiera del Concello y recalcó que el incumplimiento del techo de gasto es "más nominal que real". "Es un gasto coyuntural, no estructural, que se reconduce en 2019", incidió el edil tras señalar que el rescate del auditorio por 35 millones de euros es menos de la mitad de los 80 que se pedían en un inicio.
"Lo redujimos a 35 millones que se pagan íntegramente con los ahorros de este Concello, que vienen del remanente y el superávit que fuimos reservando", anotó Aneiros: "Se adquiere a precio de ganga un auditorio 100% público y pleno de actividad". Tras recalcar que la operación supondrá "ahorros" a las arcas públicas y que el contrato del auditorio se remonta al gobierno del PP, el edil de Facenda insistió en que el Plan Económico Financiero no acarreará ningún tipo de medida práctica. "Es una cuestión más formal que real", concluyó.
Desde la bancada popular, su portavoz, Elena Muñoz, lamentó que el rescate del Mar de Vigo obliga al Concello a afrontar una "indemnización millonaria" y censuró que para abonar los 35 millones "se quitó dinero en inversiones para los vigueses". La concejala del PP acusó también al Gobierno local de "pintar ingresos" y "falsear datos" en el plan económico. En concreto recordó que el documento recoge como ingresos la venta del antiguo rectorado de la calle Arenal, un inmueble que plantea adquirir Zona Franca, pero cuya compra aún no se ha cerrado.
Muñoz cuestionó que el Gobierno local dé por hecho que en 2019 no habrá gastos extraordinarios cuando -señaló- está pendiente de pagar una indemnización de 17,6 millones por la liquidación de Cocheras Olívicas, concesionaria de varios aparcamientos.
El portavoz de Marea, Rubén Pérez lamentó que se intenten "tapar responsabilidades políticas" y rechazó el argumento del PSOE de que el contrato de la concesión es una herencia del PP. "Todo lo que pasa desde 2006 hasta la liquidación son decisiones suyas y en el informe del administrador concursal se señala que fueron importantes", argumentó Pérez, crítico con que el Concello esté "liquidando patrimonio" para costear el rescate. En concreto, citó la venta de viviendas en Rosalía de Castro por valor de cuatro millones de euros o el hotel Samil, cuyo solar se adjudicó a Attica21 para que construya en él un nuevo alojamiento.
Polígono de Balaídos
Otro de los puntos que generó debate en el pleno de ayer fue la moción del PSOE en la que instaba a la Xunta a que facilite la ampliación del polígono industrial de Balaídos. La propuesta salió adelante con el respaldo de los socialistas y las abstenciones de PP y Marea. La edil del PSOE María Xosé Caride aseguró que la actuación es "imprescindible" y lamentó que la Xunta "no ha querido si quiera valorar la propuesta". La concejala reprobó que mientras San Caetano "niega a Vigo suelo industrial, lo está desarrollando en el resto de Galicia para tenerlo a monte" y generando "competencia desleal".
La réplica desde el PP se la dio la concejala Teresa Egerique, quien tachó de "ocurrencia" y "mentira" del alcalde la petición de ampliación del polígono donde se encuentra PSA. La popular mostró también la "preocupación" de su partido por que "en Vigo no hay suelo industrial". "Y viene ahora, después de 12 años sin desarrollar ni un solo metro cuadrado de suelo... No tienen vergüenza", valoró Egerique en respuesta al PSOE.
Pérez aseguró a su vez que si el Gobierno municipal sostiene que ha sido PSA la que solicitado la ampliación del polígono "está mintiendo" y recordó que lo que en su día planteó la dirección de la compañía fueron medidas para la edficabilidad dentro de su recinto.
Durante el pleno de ayer se aprobó también la actualización del inventario de bienes del patrimonio municipal, lo que dio pie a críticas del PP sobre su "nefasta gestión". "Nunca les importó", tachó el concejal Miguel Fidalgo. El órgano municipal dio luz verde además por unanimidad a dos mociones: una, impulsada por Marea, en la que se plantea el control de la proliferación de las apuestas on-line y las casas dedicadas al juego y otra, propuesta por el PSOE, en la que se reclama al Gobierno central el "establecimiento de una dotación adecuada de enfermeros que puedan garantizar una atención segura a la población, con igualdad entre comunidades autónomas".
La jornada dejó otras dos mociones aprobadas: una del PSOE que urge a la Xunta que coopere con el plan del Gobierno para la conexión ferroviaria entre el puerto y la red TENT.T y otra, también socialista, que reclama al Ejecutivo autonómico que ceda una parcela para construir un nuevo parking en el Cunqueiro. El edil Javier Pardo acusó a la Xunta de querer "contentar a la concesionaria" negándose al uso del solar para ese fin.
