La Fiscalía solicita que el concurso de la firma textil Naffta sea declarado culpable

La Fiscalía ha presentado un escrito en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, en el que solicita que el concurso de acreedores de la empresa textil viguesa Naffta sea declarado culpable. La solicitud realizada por el Ministerio Público coincide con la formulada de forma previa por la administradora concursal que fue designada para este proceso. Junto a esta calificación de culpable, tanto el fiscal como la administración concursal piden que se inhabilite por un plazo de dos años a los administradores de la ya disuelta sociedad Manuel Antonio C.G., Emilio S.V. y Miguel Ángel S.C. Y también que se les condene de forma solidaria al pago del 100% del déficit concursal que "directamente" habrían ocasionado, una cantidad que se fija en un total de 260.310 euros.

La última palabra sobre la calificación del proceso concursal de esta empresa que estaba especializada en ropa deportiva la tendrá el juez en sentencia. El juzgado está en la actualidad en fase de emplazamiento de los tres administradores. Si la única prueba en la pieza relativa a la calificación del concurso es documental no habrá vista oral, pero si se solicitan tomas de declaraciones se señalará fecha para juicio de forma previa a que el magistrado dicte su resolución.

Naffta entró en concurso de acreedores en mayo de 2017 tras acumular una deuda superior a los cuatro millones de euros y finalmente se vio abocada a su liquidación y disolución. De hecho, en la actualidad se está con el proceso de la venta de los bienes incluidos en el plan de liquidación: el juzgado ha abierto un plazo de dos meses para que se presenten ofertas por las dos naves de la compañía y fue convocada asimismo una subastilla para marzo para adjudicar las marcas de la sociedad. Tres empresas ya presentaron ofertas.

La petición de que el concurso sea calificado como culpable se sustenta, según el escrito de la administración concursal, en el "retraso" en la solicitud del mismo y el "agravamiento de la insolvencia derivada de la falta de diligencia con los trabajadores". Expone que los tres administradores contra los que se dirige este proceso "contribuyeron al déficit concursal" con este proceder. En relación a la situación con los empleados, se señala que se permitió que los trabajadores acumularan un promedio "de cinco mensualidades impagadas" cuando se instó el concurso, motivando que éstos presentaran demandas que generaron indemnizaciones "muy superiores" a las que les corresponderían a una empresa "en situación de insolvencia".