El 23 de enero de 2018 Fomento y Xunta mantuvieron una reunión en Madrid que se cerró con un anuncio que durante años habían reclamado los conductores vecinos, empresarios, transportistas e instituciones de la comarca: la supresión del peaje de la AP-9 entre Vigo y Redondela. El acuerdo para suprimir el gravamen se hizo público sin apenas detalles. Ni Xunta ni Fomento concretaron cuándo se levantaría la cabina, cómo y cuándo se negociaría con Audasa, ni el coste que acarrearía. Solo se avanzó que habría que compensarse a la concesionaria con una subida general de las tarifas de la autopista. Meses después el por entonces ministro de Fomento, el popular Íñigo de la Serna, fue un poco más allá y señaló una fecha: aseguró que el peaje Vigo-Redondela pasaría a la historia "en torno a julio".

Un mes antes de que se cumpliese ese plazo, en junio, hubo sin embargo un cambio en La Moncloa que puso al frente del Gobierno al equipo del socialista Pedro Sánchez. Cuando los nuevos responsables de Fomento tomaron las riendas de Fomento aseguraron que sus predecesores apenas habían hecho ninguna gestión para eliminar el peaje de la AP-9. Desde entonces el gravamen no solo sigue aplicándose; con el cambio de año se ha encarecido hasta fijarse en 0,95 euros para los coches y a día de hoy carece además de un calendario que concrete su desaparición. De forma oficial el Gobierno no ha dado marcha atrás en los planes que asumió en enero de 2018 -con el PP al frente del Ejecutivo-, pero tampoco ha ofrecido ningún avance visible. Las últimas noticias sobre el tema llegaron a principios de mes a través del delegado del Estado en Galicia, Javier Losada, quien aseguró que el Gobierno aún "estudia" la supresión y abogó por abrir "un debate en profundidad" sobre los peajes.

Ante la falta de avances a lo largo del último año, las asociaciones vecinales de Teis y Chapela plantean ya movilizarse para exigir la retirada inmediata del peaje. "No hay nada", lamenta el secretario del organismo de Teis, Anxo Iglesias. Según detalla, las movilizaciones buscan acabar con la tasa, pero también solucionar la contaminación acústica que genera el vial y exigir que se urbanice el acceso de la AP-9 a la ciudad. Desde la Asociación de Empresarios del Transporte de Mercancías (Asetranspo) exigen al Gobierno central que se cumpla su compromiso de 2018.