Nueva cuenta atrás para los vecinos de O Piricoto. Con la esperanza de que sirvan para desterrar definitivamente la amenaza de derribo, la comunidad de propietarios ha iniciado una serie de obras con el único propósito de adaptar el edificio a la legalidad urbanística antes de que acabe el presente año. Concluirlas el próximo diciembre no es un plazo caprichoso. Necesitan cumplirlo como requisito inexcusable para evitar el desalojo y posterior demolición ordenado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), lo que pretende conseguir el Concello mediante una ordenación provisional que salva este ámbito de la Colina de Castrelos de la anulación del PXOM de 2008.

Los trabajos sobre el inmueble arrancaron poco antes del verano comenzando por el extremo orientado hacia el parque, donde ya es visible la rebaja de altura en las plantas superiores. Por estas los residentes admitieron que no había más tiempo que perder una vez conocido el último dictamen del TSXG, desfavorable al recurso que presentaron a la orden judicial que obliga el derribo del edificio. Una iniciativa judicial que sólo consiguió que el alto tribunal gallego mantuviera apenas un mes en suspenso la decisión ahora de nuevo vigente que da 12 meses al Concello para demoler el bloque de viviendas.

"Esperemos que valga para algo todo lo que estamos haciendo", comentaba ayer una residente que como la mayoría continúa con dudas de que este sea el último capítulo de la trayectoria judicial que salpica a esta urbanización de tres bloques de planta baja y cinco alturas construida en 1991.

Las obras de legalización en marcha superan los 300.000 euros. En una asamblea de la comunidad, el centenar de vecinos aprobó afrontar el coste de los trabajos con aportaciones iguales, de 3.000 euros cada propietario. Aunque el grueso de los trabajos se ejecutan en los niveles superiores, donde los 20 áticos perderán habitabilidad con la rebaja de altura, ya afectan a servicios comunes, como los ascensores, algunos de los cuales llevan un mes sin funcionar.