25 de junio de 2018
25.06.2018
Propuesta para absorber la liquidación de Pazo de Congresos asegurando la estabilidad financiera

El Concello conserva el Auditorio y prevé lograr 20 millones con la venta del hotel y la zona comercial

-Negocia una quita con los accionistas para bajar a 35 millones la indemnización por la quiebra de la concesionaria - Al final asumiría un coste de unos 13 millones en tres años a cambio de quedarse con 14.192 m2 de uso cultural

25.06.2018 | 01:49
Vista general del complejo integrado por el Auditorio, a la izquierda, y el hotel Eurostars. // Marta G. Brea

El Concello de Vigo logrará mantener la estabilidad de sus cuentas y cumplirá con la regla de gasto siempre que logre rebajar a 35 millones de euros la indemnización que le corresponde por su responsabilidad en la liquidación de la anterior concesionaria del Auditorio de Beiramar. Esa es la cifra apuntada por el interventor municipal y los técnicos de la Concejalía de Hacienda, que plantean a los accionistas de la sociedad una quita de la deuda bancaria y proponen hacer frente a buena parte del desembolso con la subasta de inmuebles municipales. El gobierno local garantiza que se quedará en propiedad con el recinto cultural mientras que pondrá a la venta el edificio del hotel, la superficie comercial y la de oficinas. En el paquete se incluirían también 30 plazas de aparcamiento asociadas al alojamiento turístico y a la espera de una tasación oficial válida para iniciar una subasta, las primeras estimaciones sitúan el valor de estos inmuebles y zonas complementarias entre los 19 y los 22 millones de euros.

Esta es la cantidad que recuperaría el Concello por deshacerse de los 8.946 m2 del hotel de cuatro estrellas Eurostars Mar de Vigo, un local anexo de 220 m2 y los 30 aparcamientos que tiene reservados. También venderá los locales comerciales en los bajos con una superficie de 4.909 m2 y los últimos 4.652 m2 destinados en el proyecto original a oficinas. Estos son los espacios de los que el gobierno local pretende desprenderse sin "dañar en absoluto" los servicios prestados actualmente a los ciudadanos.

El propio alcalde defendía hace unos días esta alternativa como la "solución óptima" para la administración local, que tendría que asumir la diferencia entre los 35 millones en que pretende fijar la cuantía de la indemnización y lo que logre ingresar con la subasta de los espacios complementarios. Esto significaría que por quedarse con el Auditorio de 14.192 m2 y una cafetería de otros 579 m2 abonaría entre 12 y 13 millones de euros, lo que deja los cálculos por debajo de los mil euros el metro cuadrado que se consideran perfectamente asumibles al carecer ahora mismo de deuda financiera.

El plan del interventor a aplicar en el periodo 2018-2021 considera que las arcas municipales serán capaces de asumir este desembolso cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto como se venía haciendo hasta ahora. Una primera partida de 4 millones de euros se reservan del superávit de 2017 y otros cuatro millones está previsto obtenerlos de remanentes de tesorería.

Entre los "otros recursos" que contempla el informe del interventor figura la enajenación de bienes inmuebles municipales, que incluye también la venta del hotel Samil a la que se ha fijado un precio de 2,1 millones de euros con el objetivo de adjudicarlo a lo largo de verano. Estos recursos se destinarían también a abonar parte de esos 12 o 13 millones de euros que le costará al ayuntamiento quedarse con el Auditorio. Hasta aquí llega la parte que depende en exclusiva del gobierno vigués.

Pero el plan para absorber la liquidación de Pazo de Congresos sin poner en riesgo la estabilidad económica de Vigo implica llegar a acuerdos con la concesionaria, de la que son accionistas Sacyr, Puentes y Calzadas, Merlín Properties y Abanca. La firma fue liquidada en noviembre por el Juzgado de los Mercantil Nº 3 de Pontevedra con sede en Vigo. En marzo devolvió la infraestructura a la administración local y falta pactar una cifra para liquidar el contrato de concesión valorado en sede judicial en 74 millones de euros.

El Concello trabaja con el firme propósito de asumir en torno a la mitad y para ello tiene en cuenta que ya desembolsó en su día 5,5 millones de euros a los trabajadores de la antigua Casa Mar, otros 1,5 millones para comprar terrenos en el año 2005 y que a esta cantidad se suman otros 2,4 millones de euros públicos abonados por la Xunta también para la adquisición de suelo en el periodo 2005-2009. El contrato de adjudicación de la obra se elevaba a 85,7 millones, pero en 2012 se aprobó una aportación adicional de 5 millones por lo que la cuantía total del proyecto ronda los 90,7 millones de euros, según cálculos municipales.

Una década después la valoración pericial del concurso rebaja la cuantía a 74 y descontadas las aportaciones públicas y amortizaciones, desde Praza do Rei se empezó a trabajar con la idea de 54 millones como base siendo la oferta final a los accionistas hacer frente al 87% de la deuda bancaria -38 millones- más los intereses acumulados y que ellos asuman una quita de esa deuda entre su valor acumulado y la negociación de 35 millones.

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