Recientemente sentenciados por fraude fiscal, y no es su primera condena por este delito, los hermanos Manuel y Alfredo José Hermida tienen aún más frentes judiciales abiertos. Una de estas causas pendientes de juicio es la relativa a los supuestos cursos "fantasma" de formación a vigilantes de seguridad que trabajaban en una de sus empresas, Compañía de Protección y Vigilancia Galaica. Practicadas ya unas diligencias complementarias instadas en torno al caso, todo apunta a que la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo ya tocó a su fin. De forma previa a estas últimas pruebas, la magistrada ya había dictado el auto en el que transforma las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado y ordena continuar el procedimiento con respecto a cuatro de los seis investigados iniciales: los dos hermanos, a los que considera "administradores de hecho" de esa sociedad; el que al menos entonces era el apoderado, M.H.B., y la directora de un centro de formación que presuntamente tuvo también un papel clave en la trama, L.L.M.
La juez les atribuye a todos ellos la presunta autoría de un delito de falsedad documental -en documento público u oficial-. A mayores, a los hermanos Hermida y al apoderado también el de infidelidad en la custodia de documentos públicos por la desaparición de cartillas profesionales de vigilantes de seguridad y de explosivos que estaban dados de alta en la empresa. Esto se descubrió ya iniciada la investigación policial por los supuestos cursos falsos: cuando se les requirieron esos documentos de los trabajadores, no se hizo entrega "de cartilla alguna", alegando la sociedad entonces "haberlas extraviado", según consta en el auto. La magistrada les imputa este ilícito por tratarse de documentos públicos "cuya custodia, por imposición legal, corresponde a la empresa hasta la finalización de la relación laboral".
Pero, ¿en qué consistía la trama de los cursos "fantasma"? Pues, según se determinó en las pesquisas y a la espera del resultado de las pruebas complementarias practicadas, el juzgado vio "acreditado" que los hermanos Hermida -como administradores de hecho por ser, se señala en el auto judicial, quienes "ejercían la dirección efectiva" de la compañía-, el apoderado y la directora del centro de formación -legalmente autorizado por el Ministerio del Interior para impartir cursos de seguridad privada- se "concertaron" en el plan ilícito. Y el mismo supuestamente consistía en que esta academia "certificaba" la realización de cursos en la cartilla profesional de los trabajadores, "mediante la estampación de un sello al efecto". En resumen, que constaba acreditado que una serie de vigilantes de seguridad -la instrucción concluye que fueron un total de 17- habían realizado una serie de cursos, entre 2010 y 2013, cuando, en realidad, "no fue así".
Tipos de formación
Los afectados, ajenos a lo que ocurría, eran trabajadores de Protección y Vigilancia Galaica. Con el supuesto engaño, se habría certificado falsamente que 12 de ellos hicieron un curso de vigilancia en eventos deportivos y espectáculos públicos; que 6 se formaron en inmigración y criminalidad; que otros dos realizaron uno de trabajo en equipo y, finalmente, que un vigilante -el único empleado al que se certificaron los cuatro cursos- fue a otro de comunicación asertiva.
¿Qué ganaba la empresa con este proceder? En primera lugar, argumenta la juez, evitaba "los costes" de los cursos obligatorios que debe dispensar a sus empleados. También eludirían posibles infracciones administrativas o expedientes sancionadores por no garantizar esta formación. Y, por último, ofrecer servicios en sectores en los que, de no disponer los empleados de esos cursos, no podrían. Por ejemplo, vigilancia en partidos de fútbol.
