La causa por la supuesta trama en el puerto pesquero se tramitará con jurado

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, Juan Carlos Carballal, que dirige la investigación por presunta descarga y venta ilegal de pescado en el puerto de O Berbés, con 32 investigados por presunto cohecho, revelación de secretos y falsedad en documento oficial, tramitará la causa por la Ley del Jurado. A tal fin citará en próximas fechas a los investigados, entre quienes figuran siete armadores y 22 policías portuarios, a una comparecencia.

El cohecho, que afecta a funcionarios o autoridades públicas que admitan dádivas, o bien a los civiles que con regalos corrompan o intenten corromper a funcionarios, es uno de los delitos que corresponden juzgar al tribunal popular.

A la espera de tomar nuevas declaraciones, fijadas para el próximo mes de enero a los últimos 18 policías portuarios implicados, el delito de falsedad que se les imputa podría desgajarse de la causa principal y juzgarse en una pieza separada.

La Operación Govi contra la descarga y venta ilegal en el puerto de O Berbés se cerró hace ya quince días con 32 implicados y el decomiso de 300 kilos de pez espada de talla ilegal y unos 100 kilos de piezas de lomo de atún carentes de documentación de trazabilidad que amparara su legal identificación para el consuma humano. Una trama en la que, según los investigadores, además de los siete detenidos inicialmente (cuatro jefes de servicio de la policía portuaria, un empleado de la Cooperativa de Armadores y una persona vinculada a la lonja, se sumaron semanas después otros 18 policías portuarios.

La investigación destapó que , a cambio de facilitar la descarga de pescado irregular, los policías recibían presuntamente dádivas o regalos, y también sobornos pro avisar de las inspecciones previstas.

Además, según los investigadores, quienes no cedían a entregar los regalos y dádivas exigidos, obtenían los peores puestos en la lonja y eran perseguidos por la trama. Así, los agentes de la Guardia Civil comprobaron en ocasiones eran perseguidos a multas por los policías portuarios, que les sancionaban por infracciones que se transigían a la mayoría de los usuarios, como fumar en el interior de la lonja o aparcar de forma incorrecta en el muelle.