La Junta de Personal de la Administración de Justicia en Pontevedra no se explica cómo en el estudio de derribo "no se contempló debidamente" la problemática del amianto, ya que lo solicitaron "por activa y por pasiva". Así lo exponen en una carta remitida a Vicepresidencia, en la que exigen que se certifique que el edificio va a quedar "limpio totalmente".
Los sindicatos recuerdan que avisaron "con tiempo" y aportan documentación de estas comunicaciones, desde mayo de 2016. La última, en febrero, ante la comisión de seguimiento de la Ciudad de la Justicia y de la que no obtuvieron respuesta. Reiteraban la "petición de un estudio amplio del uso de amianto" en el edificio. En el proyecto de derribo solo figuran de 2.500 metros cuadrados de este material en cubiertas, bajantes, tuberías y canalones. Alternativas na Xustiza asegura que, el 28 de septiembre, el arquitecto Alfonso Penela ya les dijo que estaban encontrando "mucha cantidad". Al final, fueron 8.500 metros cuadrados más y más difíciles de retirar. Reprochan "oscurantismo" en el acceso a la información y que fueron "ignorados absolutamente" en sus alegaciones.
