El criticado funcionamiento del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) tensionan la relación de la Autoridad Portuaria con el secretario general de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza. El detonante ha sido la respuesta del que fuera designado por la ministra Dolors Montserrat para buscar soluciones a lo que el empresariado vigués señala como origen de la fuga de mercancías a Leixões. Porque lejos de admitir estos desvíos, Castrodeza, como adelantó FARO, avala, en una carta llegada a Vigo el 9 de noviembre, las inspecciones en Guixar por lo que no ve motivos para cuestionar sus procedimientos y tampoco compararlos con los aplicados en Portugal. Para los integrantes del Grupo de Trabajo del PIF -Conxemar, Anfaco, Ateia, Confederación de Empresarios (CEP), entre otros-, el n úmero 2 del ministerio da a entender que los problemas denunciados no son reales por lo que a petición de estas asociaciones, el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, reta en otra misiva al alto cargo ministerial a negar que la espantada de mercancías de Vigo se debe al "exceso de rigor" de los funcionarios del puesto aduanero.
Si no lo niega, Castrodeza debería poner en marcha medidas efectivas o cuando menos atender el "contraprotocolo" elaborado por el grupo de trabajo vigués en respuesta al protocolo documental diseñado por el ministerio que las citadas asociaciones tildan de "farragoso y excesivamente burocrático". Cabe también la otra opción, que el secretario general insista en desmentir la realidad que constató el Informe Eosa. Esta investigación encargada por el Puerto localizó algunas de las compañías viguesas que importan por la terminal lusa escarmentadas de las constantes cortapisas sufridas en las instalaciones de Guixar cuantificando incluso el número de toneladas anuales que introducen por allí en casi 100.000.
En la carta de cinco páginas, López Veiga comienza por reprochar a Castrodeza su actitud con el trabajo desarrollado por las asociaciones viguesas integrantes del citado grupo, en particular respecto a ese contraprotocolo que le enviaron en julio. "Un trabajo muy serio" que no mereció siquiera, apunta, "un acuse de recibo por su parte, hasta su reciente nota del 9 de noviembre, cuatro meses después". Y del que tampoco, se hace, añade, "el más mínimo comentario" pese a haber surgido de la reunión convocada con urgencia en mayo donde el alto cargo les pidió a las asociaciones que aportasen "comentarios". Así que lo primero que exige el presidente del Puerto es una "respuesta pormenorizada y técnica" a dicho planteamiento. De lo contrario le insta a que aclare "si finalmente se van a ignorar o no este tipo de iniciativas que, por otra parte, fueron sugeridas por usted mismo, en su reunión del 16 de mayo".
"Negar la realidad"
De las "observaciones" trasladadas por quienes Castrodeza define como "operadores económicos implicados", el presidente del Puerto deduce que "usted está totalmente satisfecho con el texto actual del Protocolo de Control Documental en su forma actual: es decir, nada ha cambiado desde mayo y como algunos me insinúan, ni desde el año pasado. También me observan, que en su carta del 9 de noviembre podría dar la impresión de que se pretende negar la realidad del desplazamiento de las descargas de pescado congelado con destino Vigo hacia el Puerto de Leixões".
Ante esta interpretación de la respuesta del secretario general, López Veiga recuerda una serie de "hechos objetivos". Empieza por recordar que desde la reunión de la ministra con la directiva de Conxemar en diciembre de 2016, en los contactos mantenidos por ambas instituciones en este período la Autoridad Portuaria manifestó algo que ahora vuelve a resaltar: "Nuestra total disconformidad con la redacción de ese Protocolo por considerarlo farragoso y excesivamente burocrático". Como también se le dejó claro en aquel encuentro de mayo donde dio "por finalizados esos contactos confidenciales" que las auditorías de la UE y de la de gestión -dos de las medidas estrella anunciadas por Sanidad- eran "irrelevantes para la solución del problema, y que podrían interpretarse como un intento de autojustificación de la Administración responsable".
Otro "hecho objetivo"
Como resulta otro "hecho objetivo" en cuanto al Protocolo de Control Documental, añade Veiga, que los referidos operadores económicos "le indicaron a usted claramente que se veía como una codificación farragosa y demasiado burocrática para resolver el problema que, principalmente requería agilidad; la propia de las administraciones, como la portuguesa, del siglo XXI". En todo caso, en aquel encuentro de mayo se valoró como positivo que Sanidad lo considerase un "documento abierto a sugerencias", lo que motivó precisamente, agrega el dirigente portuario, la constitución de la mesa del PIF y la elaboración de la contrapropuesta remitida el 18 de julio. "Al parecer sin ningún éxito y ni tan siquiera merecedora de una respuesta razonada y comentada", lamenta.
El número 2 de Sanidad también descarta solicitar una supervisión de los procedimientos que aplica el PIF de Leixões en aplicación del artículo 25 de la normativa comunitaria. Sobre esta cuestión, la Autoridad Portuaria de Vigo ya presentó un requerimiento a la Comisión Europea para conseguir lo que se le pidió en mayo al representante ministerial. "Una auditoría de la UE orientada a examinar la situación en ambos puertos mediante un estudio comparativo, a lo que usted no se manifestó favorable", critica López Veiga. Este estudio comparativo permitiría, a su juicio, identificar el quid de la cuestión: "Que se desvía el tráfico de Vigo a Leixões debido única y exclusivamente al exceso de rigor de que los funcionarios del PIF de Vigo ejercían en comparación con sus colegas de Leixões, lo que resulta, además, en que la misma norma de la UE se aplica de forma diferente en ambos puertos".
Reunión extraordinaria de la mesa de trabajo el lunes
- Si el secretario general de Sanidad y Consumo llegó a creer en algún momento que con las medidas anunciadas en mayo daba por zanjado el malestar de los empresarios vigueses con el funcionamieto del PIF, erró por completo. La indignación que ha provocado entre los integrantes de la mesa de trabajo la carta que envió Javier Castrodeza a la Autoridad Portuaria el 9 de noviembre continuará en el tiempo, amenaza con trascender la polémica a un nivel institucional más alto que el ministerio y ya preocupa al Partido Popular de Galicia, disgustado con el tratamiento que se ha dado desde Madrid a una cuestión clave para reforzar la competitividad del Puerto de Vigo. Por de pronto, la Autoridad Portuaria ha convocado a la mesa de trabajo del PIF a una reunión extraordinaria el próximo lunes, cambiando así la fecha inicial, de este jueves, por problemas de agenda de sus integrantes. López Veiga ya advierte a Castrodeza que "recibirá una reacción mucho más estructurada" tras la celebración de este encuentro donde se abordarán, entre otros, "los siguiente pasos a dar porque el problema, a ojos de todo el mundo, es real, quizá con la excepción, sin duda legítima, de esta secretaría general". Eso sí, acaba la carta ofreciendo su total disposición para buscar una solución "práctica y eficaz a este problema". Un problema por el que, resalta, "el Estado español pierde ingresos, el Puerto de Vigo también y sobre todo y lo más importante, se causa una verdadera incomodidad a las empresas destinatarias de la mercancía, que es materia prima de una potentísimas industria de transformación".
