26 de agosto de 2017
26.08.2017
Caos en el transporte al archipiélago

Cíes carece de un plan de uso y gestión 15 años después de la declaración del Parque Nacional

El PRUG es el documento llamado a regular la explotación de recursos como los turísticos y pesqueros en las islas -Suma en total 28 borradores por el reiterado rechazo de las cofradías a crear una mínima reserva marina

26.08.2017 | 02:47
Cíes carece de un plan de uso y gestión 15 años después de la declaración del Parque Nacional

Hace 15 años de la declaración del Parque Nacional de las Islas Atlánticas y sigue sin contar con lo que el Ministerio de Medio Ambiente define como el "instrumento básico para gestionar un espacio protegido". El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) sirve, entre otras cosas, para fijar los límites a la explotación de recursos como los turísticos y los pesqueros. Del debate sobre este documento salieron algunas propuestas, como la rebaja del límite de visitantes a Cíes a 1.600 diarios, o la creación de una mínima área marina vetada a la pesca profesional. Pero tras tantos reuniones y discusiones en el seno del Patronato, el PRUG no ha conseguido avanzar más allá de un borrador, tantas veces modificado que ya suma 28 redacciones.

Ni antes con la Xunta del bipartito ni después con Feijóo, el gobierno autonómico logró que el Patronato del Parque les presentara un documento con un grado de consenso suficiente por parte de todos los sectores implicados en la protección de los territorios insulares (desde las administraciones, hasta asociaciones profesionales como los cabildos, particulares o concesionarios). Así que pese a los reiterados anuncios lanzados por los sucesivos conselleiros del ramo ofreciendo incluso plazos para la aprobación del PRUG, ninguna de las propuestas llegó al Parlamento de Galicia. "Cierto que desde el patronato nunca salió un planteamiento que suscitase un respaldo unánime, pero tampoco la Xunta quería arriesgarse a un desgaste político sublevando a las cofradías", dice uno de los patrones.

Esta afirmación apunta hacia el colectivo al que también el presidente de Patronato, Fernando Garrido, responsabiliza de que el Parque Nacional carezca de una hoja de ruta creíble, una planificación que guíe durante un plazo de tiempo determinado todas las actuaciones y medidas necesarias para preservar el frágil ecosistema de las islas sin excesos ni por parte de los pescadores profesionales ni como los que desde 2011 llevan cometiendo las navieras. "De no ser por la oposición de los cabildos estaría ya aprobado", afirma lamentando esta actitud cuando la zona vetada a la pesca que se planteaba era de un porcentaje ínfimo frente a las miles de hectáreas marinas abiertas a la extracción. "En realidad no quieren ninguna área de reserva", sostiene. Por contra, el otro patrono consultado discrepa con el presidente y recalca que también las navieras ejercieron "presión política" para evitar que prosperasen nuevas restricciones al número de visitantes a Cíes, la única isla de las cuatro con afluencia limitada.


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Sea por culpa de unos o de otros, la consecuencia es que la aprobación de ese documento básico para las Islas Atlánticas sigue pendiente desde 2002, fecha de la declaración del Parque Nacional. Como referencia de este importante retraso, el otro territorio marítimo con la misma distinción en España, el de Cabrera (Baleares), ya va por la tercera modificación de su PRUG. "Allí no hay una flota de bajura como la que aquí da de comer a cientos de familias", apunta el patrono.

Tampoco parece que en Galicia haya mucha prisa por desbloquear ese plan. Aunque sin cerrar todavía el orden del día de la próxima reunión del Patronato prevista para noviembre, al menos hasta esta semana nada indicaba que acabaría incluyéndose el borrador número 28 del PRUG. Sí en cambio, como avanzó Garrido a este periódico, se tratará en el encuentro la sobreventa de billetes en el transporte de pasajeros al archipiélago. Por fin, porque desde los primeros expedientes abiertos a navieras en 2011, este espinoso asunto nunca se había abordado pese a que los ecologistas lo pusieron sobre la mesa en 2014.

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