10 de mayo de 1996. Es la fecha de la denuncia que un grupo de extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) -los que integraban el grupo GOG al margen de los sindicatos y el comité de empresa- presentaban ante la Fiscalía. Un escrito que fue la antesala de la querella que en 1997 formalizó el Ministerio Público y que ahora, cuando ya transcurrieron más de 20 años desde entonces, llega por fin a juicio. Y es que salvó que se produzca el enésimo aplazamiento de esta vista, la Audiencia viguesa iniciará este lunes el proceso contra cinco antiguos propietarios y directivos del desaparecido grupo vigués, acusados de delito de alzamiento de bienes por vaciar presuntamente de patrimonio a este grupo dedicado a la fabricación de cerámica y vidrio, unas irregularidades que ya se remontan a los años 90 y que se produjeron de forma previa a que la empresa, que llegó a tener casi 6.000 trabajadores, entrase en suspensión de pagos y cerrase en 2001.
Tras una eterna instrucción, la Audiencia lleva año y medio intentando celebrar este juicio. Una suspensión -en enero de 2016- fue por la incomparecencia de un acusado, Enrique Tatay Huici, empresario valenciano que fue uno presidente de GEA y contra el que el tribunal dictó una orden de busca y captura sin que haya trascendido si esta requisitoria permitió localizarlo.
El fiscal, en un escrito con fecha de 2003, pide 3 años de cárcel y multa de 15.000 euros para Tatay y otros tres acusados: los hermanos Mariano y Francisco Jiménez Ambell, ambos expropietarios, así como para el que fue consejero delegado y director general, José Orozco Mancheño. La acusación particular -que representa al grupo de extrabajadores que denunciaron- también lleva al banquillo a Vicente Mata Román -sindicalista de UGT-.
Los hechos para los que la Audiencia ha reservado cinco días de juicio se enmarcan en el inicio de los malos tiempos de la que fue una de las empresas más prosperas de Vigo. Y ocurrieron a raíz de que en 1991 el Instituto Nacional de Industria (INI) -que había adquirido el grupo en 1976- vendiese GEA a las sociedades Pickmari y Fábrica de Loza en la Cartuja de Sevilla, cuyas acciones eran propiedad de la empresa Estudesa. Una firma que encadenó una serie de acciones para supuestamente beneficiarse ilícitamente en perjuicio de los acreedores de GEA, entre los que estaban los empleados. Un crédito de 450 millones de las antiguas pesetas nunca llegó a abonarse. El grupo vigués acabó cerrando en 2001.
Uno de los portavoces del grupo GOG, Ángel Prado, extrabajador de GEA, mostraba ayer su decepción por el hecho de que la acción judicial no se siga contra el INI, organismo contra el que ellos habían dirigido su denuncia en 1990. "Era el único denunciado y quedó fuera; el proceso así no nos satisface, va contra una serie de acusados que solo eran hombres de paja y que seguramente sean insolventes; si estuviese el INI, habría una responsabilidad subsidiaria del Estado de cara a indemnizaciones por daños y perjuicios a los trabajadores", lamenta.
Ángel Prado | Extrabajador de GEA
"El proceso judicial no nos satisface; debería estar acusado el INI"
