Como adelantó FARO, la Xunta acudió ayer al Consello Consultivo de Galicia para intentar desbloquear el transporte metropolitano de Vigo cuatro meses después de la firma de ambas partes. La petición se ha realizado por la vía de urgencia y se espera que la respuesta se produzca también en poco tiempo.
La consulta, firmada por el vicepresidente, Alfonso Rueda, traslada cinco preguntas al organismo para conocer su dictamen al respecto de si la intención del Concello de Vigo de aplicar distintas tarifas en función de si los usuarios están empadronados supone un incumplimiento de la ley del Área Metropolitana y del convenio del Transporte Metropolitano, si esta postura impide la integración en Vigo en el plan de transporte metropolitano y si dicha falta de integración impide la constitución y puesta en funcionamiento del Área. La última pregunta es sobre las consecuencias jurídicas de ese incumplimiento, si éste llega a producirse.
Por otra parte, la Consellería de Infraestructuras reiteró lo dicho la semana pasada de que ni el Concello ni la concesionaria del transporte urbano han presentado la homologación de los dispositivos de cobro y lamentaron que tras esta excusa técnica subyace el verdadero motivo de las discrepancias que no es otro que el económico, manifestado por el alcalde en la última reunión entre las partes, hace dos semanas. "Indicó expresamente que no quiere pagar los viajes de los ciudadanos de fuera de Vigo", señalaron.
"El Plan de Transporte Metropolitano lleva funcionando desde 2011 en otros ayuntamientos y a Vigo se le presentó el mismo convenio marco que al resto y lo firmó así que tiene que cumplirlo", reiteraron desde la consellería que dirige Ethel Vázquez. Según subrayan, el alcalde vigués aceptó que el transporte urbano se tiene que integrar en el transporte metropolitano con la misma tarjeta por lo que no se pueden dejar fuera los viajes por la ciudad. "Se dice expresamente en la ley que para constituir el área tiene que haber igualdad de condiciones", señalaron.
