La Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Ageinco) ha alertado de que la adjudicación del proyecto de urbanización de la Plataforma Loxística e Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan), en Pontevedra, puede acarrear "una inadecuada ejecución que podría conllevar su paralización o un incremento del gasto". El Consorcio de la Zona Franca de Vigo, en respuesta a estas acusaciones, ha alegado que el contrato para este proyecto se adjudicó "conforme a la ley" y "ajustándose estrictamente a la normativa de contratación pública tanto española como europea".
En concreto, Ageinco ha criticado que, para otorgar el contrato, "Zona Franca ha atendido únicamente a criterios económicos y ha rechazado los informes de sus propios servicios técnicos, que advierten de que esa decisión constituye un riesgo importante desde un punto de vista técnico y, alertan de que las consecuencias podrían ir desde la baja calidad del proyecto hasta la necesidad de contratar una empresa a mayores o la renuncia de la adjudicataria". Asimismo, la asociación ha remarcado que aunque el precio de licitación era de 150.000 euros, la mesa de contratación del Consorcio adjudicó el contrato por 76.500 euros, con lo que la empresa incurrió "en baja temeraria", que "se vio obligada a justificar", para lo que argumentó "que no buscaba beneficio industrial sino tan sólo tener actividad en la empresa".
En este marco, ha señalado que la oferta se sostiene "en una reducción de los costes salariales a través de medidas como que los socios de la empresa renunciarán a su retribución, la contratación de becarios y técnicos en prácticas (con salarios entre 400 y 800 euros) o el empleo de profesionales que, por los sueldos indicados, no estarán amparados bajo el convenio colectivo del sector".
"Es evidente que el precio ofertado es inadecuado al mercado, pues no cubre la totalidad de los costes ni deja un margen industrial mínimo", ha aseverado la asociación, que también entiende que este caso es "un ejemplo de competencia desleal frente a las otras empresas que se presentaron al concurso" y ha manifestado que no entiende "cómo Zona Franca puede actuar en contra de su propia filosofía, que es dinamizar el sector empresarial e impulsar el desarrollo económico".
"CONFORME A LA LEY"
No obstante, la Zona Franca ha insistido en que esta adjudicación se ha realizado "conforme a la ley, que indica que si una empresa presenta una oferta en presunción de baja temeraria se le debe de pedir la justificación de dicha oferta". A colación de ello, ha añadido que "las bajas temerarias no pueden rechazarse sin más y, si se justifican, hay obligación de admitirlas".
En relación a ello, ha señalado que la empresa adjudicataria, de Alicante, presentó una justificación que fue "valorada y admitida" por la mesa de contratación. Además, acerca de las críticas de que el Consorcio habría rechazado "los informes de sus propios servicios técnicos", el organismo estatal ha explicado que del total de seis técnicos que componen la mesa de contratación, "sólo uno disiente respecto a la justificación", y su informe finalmente no fue admitido por el ente. En cuanto a las críticas vinculadas al personal que trabajará en la redacción del proyecto, la Zona Franca ha indicado que el equipo se compone por un arquitecto, un ingeniero de caminos y un topógrafo con más de cinco años de experiencia cada uno, además de un ingeniero industrial con experiencia en tres proyectos de la misma índole.
Específicamente sobre los becarios y empleados en prácticas, ha reconocido que aparecen en la justificación de la empresa porque ésta presentó los convenios que tiene suscritos con diferentes universidades, pero ha aclarado que "no son parte del equipo técnico presentado". Finalmente, acerca de que los socios renuncien a su beneficio, ha argumentado que "es algo que como Administración no -puede- entrar a juzgar".
