En el 2015 disminuyeron y la tendencia parecía continuar durante el primer semestre de este año. Pero durante el verano se produjo un repunte, evidenciándose así que la problemática continúa muy presente. El Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los juzgados vigueses, la oficina que entre otros cometidos se encarga de ejecutar los desahucios, registró entre julio y septiembre más de un centenar de desalojos, lo que se traduce en la cifra más alta contabilizada en estas mismas fechas de los últimos cinco años. Los lanzamientos instados por caseros por falta de abono del alquiler predominan sobre los derivados de impago de la hipoteca. Y entre los procedimientos contra inquilinos morosos, aunque son mayoría los de viviendas, también se han ejecutado en negocios, sobre todo en locales de hostelería.
La oficina contabilizó entre enero y septiembre 377 desahucios. Ha sido concretamente en los últimos tres meses donde se detectó el aumento. Los 109 procedimientos que entraron en el servicio común es la cifra más elevada desde 2012. En el tercer trimestre de aquel año hubo 77 casos, cifra que aumentó a casi un centenar en 2013 y a continuación descendió los dos ejercicios siguientes, situándose en 87 en 2015. Pero en este 2016, contra todo pronóstico ya que la evolución de este ejercicio parecía ser a la baja, hubo un repunte: los 109 desalojos suponen una subida de un 25%.
Lo que no varía es el hecho de que el mayor número de procedimientos son por impago de alquiler. "Fundamentalmente viviendas, locales de hostelería y comercios", afirma Fernando Varela, secretario del Servicio Común de Notificaciones y Embargos. La diferencia entre los desalojos que afectan a pisos y los relativos a locales de negocio es que, en estos últimos, la posibilidad de un acuerdo de última hora entre el propietario del inmueble y el arrendatario es mayor. "Lo que se detecta en estos casos es que suelen llegar con más facilidad a un arreglo; hay ocasiones en los que los arrendadores acaban aceptando una rebaja en la renta mensual, lo que provoca la suspensión del desalojo", señala.
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Mientras, los lanzamientos que derivan de ejecuciones hipotecarias afectan a viviendas, pero asimismo a oficinas, solares e incluso plazas de garaje o trasteros. Sobre esta problemática, Fernando Varela señala que, como ha venido ocurriendo a raíz del clamor social que en su día tuvieron los desahucios, en aquellos casos en los que se detecta que un domicilio está ocupado cuando se va a proceder al desalojo la opción de los bancos es de forma generalizada "suspender" el procedimiento y "buscar otra solución".
