La Universidad se une a las protestas de las facultades de Traducción e Interpretación de toda España, la Conferencia de Rectores (CRUE), asociaciones profesionales y ONG contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el PP llevará este jueves al Congreso tras haber rechazado todas las enmiendas.
La reforma supone una grave amenaza para los derechos de las personas extranjeras al "perpetuar" una situación que ya se da en la actualidad en comisarías y juzgados donde personas no profesionales ejercen como intérpretes.
Los colectivos profesionales vienen denunciando desde hace años que las macroempresas que gestionan este servicio envían a personas no cualificadas, en algunos casos incluso con antecedentes penales. La profesora viguesa Maribel del Pozo advierte de la situación especialmente grave que sufren las víctimas extranjeras de violencia de género y cuyos traductores son, en ocasiones, proxenetas y personas con antecedentes.
Universidades y asociaciones profesionales aglutinados en la Red Vértice y Filse reclaman al Gobierno que aproveche la reforma para legislar "un servicio de calidad" que cumpla la normativa europea y que ofrezca garantías a la hora de impartir justicia. "El ministerio se niega a asumir la responsabilidad que le corresponde de velar por los derechos de los justiciables y se limita a sancionar a otros por su vulneración cuando el daño producido ya es irreparable", lamenta Del Pozo.
