Vigo representa un caso único en la administración de justicia española al quintuplicar la actividad judicial de Pontevedra, donde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pretende centralizar la toma de decisiones. Pero los funcionarios, abogados, procuradores y autoridades de la ciudad que se oponen a la supresión del partido judicial no están solos en su reivindicación. Una veintena de localidades españolas que se convertirán en sedes "delegadas" de sus capitales de provincia como le sucederá a Vigo han comenzado a movilizarse, al igual que las asociaciones de jueces y secretarios judiciales y la Generalitat de Cataluña.

El caso de Vigo es el más grave. En 2012 ventiló 88.000 asuntos frente a los 19.000 de la ciudad del Lérez. La diferencia entre su peso demográfico, económico y la ratio de asuntos registrados con la capital de provincia es muy superior a la que presentan localidades como Jerez, Elche, Cartagena o Gijón con las suyas. También se oponen a la recentralización de la justicia numerosas ciudades que pese a no superar en actividad a su capital de provincia, presentan un elevado número de asuntos, como Avilés, Reus, Hospitalet, Sabadell, Móstoles, Getafe, Fuenlabrada o Lorca.

La primera movilización se celebró ayer a mediodía frente a los juzgados de Avilés contra el "autoritarismo" del Ministerio de Justicia. El juez decano de la ciudad, José Luis Niño, advertía hace unas horas que será "muy difícil" el cierre de juzgados planteado por Gallardón. A las siete de la tarde fueron los sindicatos CSI-F, CC OO, UGT y STAJ los que se concentraron frente a la sede del Ministerio en la calle San Bernardo de Madrid, donde habrá hoy una segunda convocatoria.

Vigo cogerá mañana el relevo con la protesta convocada frente al edificio nuevo de los juzgados a las 12.00 para rechazar la supresión del partido judicial que atiende a 340.000 habitantes del sur de la provincia, y "el proceso privatizador" del Registro Civil. La ciudad lideró las protestas contra la subida de las tasas judiciales y no está sola en su nueva lucha contra la creación de los partidos uniprovinciales.

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) valora el anteproyecto de Gallardón como un documento "conservador que supone un retroceso en la garantía de los derechos de los ciudadanos". También mostraron su rechazo a la norma la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

El Consell de l´Advocacia Catalana, que representa a catorce colegios de abogados, lamenta el esfuerzo "recentralizador en un momento en que se avanza en el sentido contrario para acercar la justicia a los ciudadanos". La Generalitat también ha expresado su "total rechazo" a la norma. En Reus denuncian que "vulnera gravemente las competencias autonómicas" y el Colegio de Abogados de Lorca llama directamente a la rebelión para impedir la desaparición de los partidos judiciales de Lorca y Cartagena, donde todo el sector se ha posicionado en contra del cierre de las Audiencias Provinciales, los juzgados de Paz y la creación de sedes "delegadas" como lo será Vigo de Pontevedra en unos tres años.

La Xunta expresó ayer, sin mencionar a Vigo, que "defenderemos la existencia de sedes desplazadas donde se justifique esta categoría en atención a los criterios que recoge el anteproyecto". Espera "flexibilidad"en la aplicación del nuevo modelo. Trabajadores de Ferrol se concentraron ayer contra lo que consideran "un despropósito" por el "perjuicio gravísimo para el ciudadano y las condiciones laborales". El alcalde de Santiago, Ángel Currás, también pidió ayer que se amplíe el periodo de consultas para evaluar el cambio y conocer las jurisdicciones que podrían conservar las sedes desplazadas.