Funcionarios de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, secretarios judiciales e incluso jueces ya han mostrado en la calle su rechazo a las reformas impulsadas por el ministro Alberto Ruíz Gallardón y, en especial a la nueva ley de tasas judiciales. En opinión de los sindicatos, ahora es el momento de "dar voz a la oposición de toda la ciudadanía". Por ello, junto a colectivos de letrados y procuradores, la plataforma integrada por CCOO, UGT, CIG, CSIF y STAJ iniciarán una campaña de recogida de firmas con mesas informativas en diferentes puntos de la ciudad.
La iniciativa, que se desarrolla a nivel nacional, culminará el 19 de enero con una manifestación conjunta en Madrid, donde se entregarán las rúbricas recabadas en el Ministerio de Justicia. Los representantes de los trabajadores esperan que la respuesta de la población haga retroceder al Gobierno en su pretensión de "obstaculizar el acceso a la Justicia". La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de noviembre, prevé una subida generalizada de las tasas judiciales de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales, excepto en el ámbito penal. Por primera vez, el ciudadano tendrá que abonar un impuesto que hasta ahora solo se aplicaba a las personas jurídicas. Los sindicatos han elaborado documentos informativos con casos concretos y ejemplos gráficos sobre las "repercusiones directas" de la nueva ley que, aseguran, "supone un ataque de enormes proporciones al Servicio Público de Justicia y al acceso a él en condiciones de igualdad". Sostienen que deja a una "inmensa mayoría de la sociedad" sin posibilidades para defender sus derechos en los tribunales "porque no podrán pagarlo".
Para Xosé Barreiro Pérez, de la CIG, el Gobierno "en vez de buscar la mejora de la Administración de Justicia, lo que intenta es que el administrado no pueda acceder a ella". Opina que esta intención la demuestra al establecer tasas en todos los ámbitos, menos en el penal "que es precisamente la más saturada". Pablo Valeiras, de CCOO, por su parte, destaca que "es muy preocupante" que la gente vaya a tener que plantearse si recurrir a la Justicia le resultará "rentable".
Los profesionales de este sector, en protesta por las reformas y recortes del Gobierno, volverán a salir a la calle el 12 de diciembre. Además, el 20 de diciembre secundarán un apagón informático entre las 11.30 y las 12.00 en sus centros de trabajo.
Por otra parte, Valeiras ha explicado que se han producido contactos con jueces para poder hacer un "frente común" en estas cuestiones. En concreto, ha hablado con Antonio Piña, magistrado en Ourense, que ha asegurado que trasladará la propuesta a su colectivo para adoptar una decisión conjunta.
