04 de diciembre de 2012
04.12.2012

Abogados vigueses envían a la Defensora un informe jurídico para recurrir el "tasazo"

El estudio subraya la inconstitucionalidad de la ley a partir de una reciente sentencia

04.12.2012 | 09:56
Integrantes de la Asociación Abogados Jóvenes de Vigo antes de entregar el informe. // Rodrigo Otero

La Asociación de Abogados Jóvenes de Vigo considera que la nueva ley de tasas impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón divide la justicia en función del poder adquisitivo de las personas físicas o jurídicas. Por este motivo, la organización registró ayer en la delegación territorial de la Xunta un informe jurídico de elaboración propia que reitera la inconstitucionalidad del conocido como "tasazo". Su intención es que tanto el Valedor do Pobo, José Julio Fernández, como la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, lo empleen para recurrir la citada ley.

"Vigo está siendo pionera en esta lucha y nosotros pondremos el informe a disposición de los partidos políticos, asociaciones, colegios de abogados... Además, llevaremos a cabo más acciones", aseguraba ante la sede de la Xunta Fabián Valero, presidente de la asociación. Lo cierto es que la entidad envió dicho informe de forma paralela al PSOE, ya que uno de los requisitos para presentar recurso de inconstitucionalidad es reunir a 50 diputados.

Abraham Tenoira, uno de los abogados que preparó el informe, destaca que la nueva ley conculca la reciente doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, según una sentencia del Constitucional de este mismo año (STC 20/2012) y que se refiere a las tasas judiciales para las empresas, se legitima el cobro solo para aquellas cuya facturación anual supera los 6 millones de euros -pudiéndolo desgravar como gasto-. El tribunal considera que estas firmas sí deben pagar porque "son las mayores usuarias de un servicio público a cuyo sostenimiento deben contribuir, ya que les beneficia de modo particular en la medida en que juzga las pretensiones deducidas en defensa de sus derechos e interés". Tenoira encuentra en esta argumentación un respaldo a su postura, "ya que la diferencia es que un ciudadano de a pié recurre a los tribunales dos o tres veces en su vida y no para lucrarse, como sí puede hacer las grandes firmas. Las demandas presentadas por los ciudadanos tienen un beneficio colectivo", insiste Tenoira.

La asociación considera asimismo desproporcionado el importe de las tasas a tenor de lo recogido en la misma sentencia (STC 20/2012), que las liga solo a las grandes empresas. "En este caso las tasas no tienen en cuenta la renta de las familias, un matrimonio en paro que gane 600 euros cada uno tendrá que abonarlas, lo mismo que una mujer maltratada que pretenda divorciarse y liquidar gananciales, o las víctimas de Spanair tras haberse archivado la causa penal... Solo las grandes empresas o personas con capacidad podrán afrontarlo", aseguró Tenoira, quien considera esta ley "un paso atrás, una copia de la de 1959, preconstitucional y abolida en 1986".

Por su parte, los sindicatos representativos de la administración de justicia junto con abogados y procuradores anunciarán hoy cuáles serán sus próximas movilizaciones en la ciudad contra la Ley de Tasas Judiciales y los recortes en la administración.

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