en la autovía A-28 entre Viana do Castelo y Oporto. La imposibilidad de los miles de ciudadanos del área de Vigo de adquirir los dispositivos electrónicos impuestos por el país vecino para abonar esta tasa no sirve de excusa para el Gobierno luso. "No habrá ningún periodo de tolerancia", advierten fuentes oficiales del Ministerio de Obras Públicas. "Los conductores podrán ser abordados por la policía o por el personal de las áreas de servicio desde mañana [por hoy] si no disponen del sistema de pago. La ley está hecha para cumplir", añaden fuentes de la secretaría de Estado de Tranportes de Portugal.
El Gobierno portugués rechaza así la solicitud de la patronal pontevedresa y de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que reclamaron que no se multase a los conductores extranjeros hasta que los dispositivos de pago fueran "accesibles". Las sanciones a las que se enfrentarán los usuarios serán diez veces la tasa de cada pórtico que atraviesen sin pagar. Realizar de forma ilegal el trayecto de ida y vuelta entre Viana y Oporto –el más frecuentado por los ciudadanos del sur de Galicia en sus desplazamientos al aeropuerto de Sá Carneiro o a grandes superficies comerciales– supondrá una multa de 81 euros para turismos y de hasta 199 para vehículos pesados.
"Es una vergüenza. Lo normal es que dado las dificultades que hay para adquirir los dispositivos, tanto para portugueses como para españoles, el Gobierno fuera permisivo durante los primeros días", critica el portavoz de la plataforma "Naturalmente No" contraria a los peajes, Jorge Passos.
Polémica
El polémico peaje implantado por Portugal que impide pagar en efectivo y obliga a los extranjeros a alquilar o comprar un dispositivo para poder circular por las autovías Norte Litoral, Grande Porto y Costa da Prata podría ser tumbado por los tribunales europeos. Según informó ayer la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) la Dirección General de Transportes (DGT) de la Comisión Europea se plantea abrir un procedimiento de infracción. "La CEP_ha sido informada por la CEOE de que la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea ve serios indicios de discriminación entre ciudadanos y empresas portuguesas y de países comunitarios, y por eso está analizando la apertura de un procedimiento de infracción contra Portugal por no trasponer correctamente una directiva europea a la legislación de un estado miembro", afirman. Según las mismas fuentes, este comunicado habría sido realizado a la CEOE por el miembro húngaro de la DGT de la Comisión Europea Rudolf Koronthaly.
