Ante las dudas surgidas sobre la legalidad de algunas obras portuarias tras la paralización judicial de la ampliación del muelle de Areal y de la demolición de la nave de cableros, donde el Puerto proyecta una fuente cibernética, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Corina Porro, dejó claro ayer que esta nueva intervención goza de seguridad jurídica. "Se ajusta a la normativa y es legal. Ni afecta a la lámina de agua ni a los usos establecidos", zanjó. El que fue gerente de Urbanismo en el Concello deVigo a propuesta del Bloque Nacionalista Galego y apoyado por el Partido Popular, Javier Rivas, defendió también,en condición de responsable de la empresa del proyecto –Enxenería e Análise Medioambiental– la legalidad de la obra. "Es un proyecto estrictamente portuario. No afecta ni a la lámina de agua ni a los usos,y se ajusta a la legislación portuaria,al Plan Especial y las previsiones del Plan de Utilización de Espacios Portuarios", afirma. Pese a esta seguridad, Porro cargó contra el Partido Socialista, del que presupone que"intentará interrumpir". "Lo quieren parar todo, ya lo estamos viendo. Pero mi gestión es la de poner en marcha proyectos que mejoren el puerto", defiende. Rivas explicó que durante la redacción del proyecto se encontraron con un estado" deficiente" de las infraestructuras por lo que valoró positivamente el efecto que tendrá la reforma de las explanadas de cara a mejorar la"primera imagen"que se llevan los turistas de la ciudad.