02 de octubre de 2009
02.10.2009

La Universidad acata una sentencia de 2003 y anula el concurso de 8 cátedras

El Consello de Goberno aprobó el miércoles la suspensión de la convocatoria

02.10.2009 | 00:41

Seis años después de que el juez le instase por primera vez a anular la concesión de ocho cátedras de I+D, la Universidad ha decidido mover ficha. Según ha podido saber este periódico, el Consello de Goberno aprobó en su reunión del pasado miércoles la anulación de la convocatoria en cumplimiento de una sentencia dictada en 2003 y tras un largo enroque en el que la institución llegó a apelar al Tribunal Constitucional y durante el que los afectados han estado ejerciendo como catedráticos e ignorando si tendrían que renunciar a sus plazas.
Al parecer, el siguiente paso del rector será esperar a que el juez fije las medidas que debe tomar a continuación, pues todavía no está claro qué implicaciones tiene la anulación del concurso.
El líder de la oposición y catedrático de Derecho del Trabajo, Jaime Cabeza, insiste en señalar a los ocho catedráticos como "víctimas" de un proceso "que se ha hecho terriblemente mal desde el principio".
"Jurídicamente se entiende que si se anula el concurso también se anulan las plazas, pero supongo que el rector intentará llegar a un arreglo. A nosotros nos interesaría que esto fuese lo menos traumático posible", añade el portavoz de Nova Universidade.
Una de las opciones, según Cabeza, podría ser que la ejecución de la sentencia de nulidad del concurso coincida en el tiempo con un nuevo proceso de acreditación de los afectados como catedráticos. "Tendrían que someter su currículo a una valoración del ministerio y después pasar una oposición interna, lo que resulta más sencillo", explica.
En este sentido, el líder opositor señala que la invalidez del concurso se debe a que no se pidió un informe externo y que ninguno de los fallos emitidos hasta el momento hacen referencia a los méritos de los docentes.
La convocatoria de ocho cátedras de I+D fue aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad de Vigo en noviembre de 2001, siendo rector Domingo Docampo. Dos profesores denunciaron el concurso en el Contencioso-Administrativo Número Uno de Vigo, que declaró su nulidad en enero de 2003.
A pesar de la sentencia, la Universidad adjudicó las plazas y recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que volvió a ratificar la invalidación de la convocatoria en 2004.
Docampo decide entonces apelar al Constitucional, pero su estrategia vuelve a fallar. El alto tribunal insiste en la nulidad del concurso en un fallo dictado en 2006, ocupando ya el cargo de rector su sustituto, Alberto Gago.
El gobierno universitario presenta entonces un recurso de inejecución ante el Contencioso-Administrativo de Vigo que el juez admite, pero, tras un recurso de los docentes que llevaron el concurso en un primer momento a los tribunales, el TSXG exige a la institución a finales de 2008 la anulación "inmediata" de las plazas y le acusa de actitud "maliciosa" por retrasar su cumplimiento.
Los afectados siempre han actuado de manera conjunta en los juzgados. Entre ellos se encuentra Manuel Reigosa, profesor de Fisiología Vegetal, que dimitió por razones personales como vicerrector de Investigación el mismo mes que el TSXG emitió su fallo, y Xosé Henrique Costas, director del Área de Normalización. El resto de catedráticos pertenecen a los departamentos de Ecología, Ingeniería Química, Química Analítica, Matemática Aplicada, Microbiología y Teoría de la Señal.

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