El Partido Popular reiterará a la Xunta la propuesta de la Ley del Área Metropolitana, a dos meses de las elecciones municipales y como "última oportunidad" para forzar la aprobación antes de que pueda cambiar la composición de los 14 gobiernos locales implicados. De lo contrario "se perderían siete años de trabajo", avisan. Ayer registraron en el Parlamento por tercera vez la iniciativa -la última fue en abril de 2006-, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamó al Ejecutivo autonómico a cumplir con la "lealtad de la palabra" porque, recordó, el anterior conselleiro de Xustiza, Xesús Palmou y el actual presidente de la Xunta, Pérez Touriño, se comprometieron a sacar adelante el proyecto.
La alcaldesa de Vigo, Corina Porro, achaca la negativa de la Xunta a que PSOE y BNG tienen "modelos territoriales distintos y ahí está la base del problema". "Se nos están negando muchos servicios e infraestructuras por no ser cabecera de provincia y lo solucionaríamos siendo capital del área metropolitana, por eso es urgente". Mientras, Feijóo pide que no boicotee el área de Vigo, porque la ciudad "se está convirtiendo en un trofeo electoral". Dentro del mismo discurso, el líder del PP dijo que Vigo está siendo tratado como una "aldea remota" cuando lidera un área con 600.000 habitantes, lo que supone el doble de los que tienen las provincias de Ourense y de Lugo y que de aplicar soluciones coordinadas "sería la primera gran ciudad de Galicia". Pidió a la Xunta que medite, porque le corresponde "por derecho". "La ley dice que de llegar a acuerdo por parte de los concellos implicados, el Parlamento de Galicia tiene que tramitar ese acuerdo y constituir el área metropolitana".
"Dilatación" de sentencias
En relación a las sentencias de derribo que pesan sobre viviendas de la ciudad, la alcaldesa dijo que están obstruyendo la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pero "aguantaré todo lo que pueda, pero todo lo que me permita la ley, porque yo sí la cumplo".
Dice que así el gobierno municipal pretende "arreglar" las consecuencias de las actuaciones urbanísticas irregulares derivadas del Plan urbanístico de 1993.
La aprobación del nuevo PXOM permitirá normalizar la situación de miles de viviendas ilegales de la ciudad, por lo que calificó de "irresponsabilidad" que se alargue en el tiempo el visto bueno de la Xunta a ese documento. Sin embargo, también insistió en que, en último caso, la última persona responsable de la ejecución de las sentencias de derribo es ella como alcaldesa de la ciudad.
