Las leyes, por lo general, requieren de decretos y órdenes para llevar a la práctica determinadas disposiciones, pero las más complicadas suelen necesitar también de reglamentos, en los que la Administración dicta una serie de normas complementarias o de desarrollo. Una de estas normas es la Lei do Solo de Galicia de 2016 que, desde su entrada en vigor hace ahora ocho años, ha sufrido numerosas modificaciones.
Sus regulaciones son tan complejas y generan tantas dudas interpretativas que la Xunta admite que la aplicación de la ley genera “enormes dificultades” para todos los agentes que participan en la actividad urbanística, por lo que se pone manos a la obra para elaborar un nuevo reglamento que intente clarificar el panorama legal.
Si la Lei do Solo entró en vigor a principios de 2016, antes de acabar el año ya se había aprobado también su pertinente reglamento –obligación recogida en la propia ley– “atendiendo a las necesidades derivadas de la propia complejidad de la materia y para facilitar la tarea de los operadores jurídicos y técnicos en su aplicación”.
Sin embargo, tanto el propio reglamento como la Lei do Solo fueron objeto de seis modificaciones posteriores, la última el pasado mes de diciembre, con la aprobación de los presupuestos de la Xunta para 2024.
Tecto reglamentario desfasado
El caso es que el reglamento original se ha quedado desfasado y en vez de actualizarlo, el Gobierno gallego ha optado por redactar uno totalmente nuevo, para lo que ha abierto el proceso de consulta pública.
Se precisa que los principales problemas que se pretenden solucionar son “solventar algunas insuficiencias y dificultades interpretativas” que le surgen a los actores que trabajan con el suelo y, sobre todo, adecuar el nuevo reglamento a las distintas modificaciones sufridas por la Lei do Solo desde 2016 “que no fueron acompañadas de las correlativas modificaciones en el texto reglamentario, lo que dificulta enormemente su aplicación por parte de todos los operadores técnicos y jurídicos que intervienen en el campo del urbanismo”.
La Consellería de Vivenda considera necesario abrir este procedimiento tras la experiencia acumulada en los últimos ocho años y con el fin de garantizar la estabilidad en la regulación urbanística de Galicia que se buscaba con esa ley de 2016.
“Es necesario integrar todas las modificaciones y solucionar aquellos aspectos que se fueron suscitando en la práctica y que pusieron de manifiesto la necesidad de concretar y matizar aquellas cuestiones que no resultaron suficientemente claras, para evitar dudas en su interpretación y garantizar la seguridad jurídica”, expone la consellería dirigida por María Martínez Allegue.
Con la consulta pública se quiere también recoger las aportaciones de todos los órganos que intervienen en el campo del urbanismo, como colegios de arquitectos e ingenieros, agentes inmobiliarios, notarios o registradores.
