Las multas por no identificar animales o por descuidarlos se duplican en dos años

Desde hace seis años, Galicia cuenta con su propia Lei de Benestar animal, que vigila que las mascotas, en su inmensa mayoría perros, no sean víctimas de ningún maltrato y que sus propietarios las tengan, además de bien atendidas, saneadas y alimentadas, correctamente identificadas. Precisamente uno de los puntos débiles de quienes conviven con animales de compañía en la comunidad es ese: la identificación. Pese a que la normativa autonómica tipifica ese incumplimiento como infracción grave y que, por lo tanto, puede conllevar consecuencias no deseadas para el bolsillo, con hasta cinco mil euros de sanción, es una de las carencias más frecuentes con las que se tropieza la Administración autonómica, como trasladan desde la Consellería de Medio Ambiente. Según los datos de la Xunta, las sanciones por infracciones consideradas graves se han disparado casi un 20 por ciento, si se considera su evolución en el último año, y ya supondrían más del doble que las impuestas hace dos ejercicios.

La Xunta impone cientos de multas por mantener animales atados o no identificarlos

En concreto, desde el departamento dirigido por Ángeles Vázquez trasladan que durante 2023 se han impuesto hasta 249 sanciones graves a dueños de perros en Galicia, frente a las 208 registradas un año atrás y las 118 en el año 2021. Asimismo, y aunque la cifra es simbólica, se han quintuplicado las sanciones muy graves, que se producen cuando los animales viven en condiciones deplorables: en 2023 la Xunta tramitó cinco sanciones de ese tipo, frente a solo una en 2022. En esta infracción, las cuantías que debe desembolsar el propietario que tiene a sus animales en una mala situación pueden llegar a 30.000 euros. A esos casos más exagerados habría que sumarles otras 127, que implicarían penalizaciones leves, y que en este caso fueron a menos, desde las 146 tramitadas en 2022. 

Desde Medio Ambiente explican que, de forma similar a lo que ocurría en años pasados, las infracciones “más frecuentes” en materia de bienestar y protección de los animales de compañía son la falta de documentación de los perros, y eso alude tanto al microchip, que es obligatorio en los canes y cuya ausencia se encuadra entre las faltas graves, como al pasaporte sanitario, que revestiría carácter leve. Mencionan igualmente las deficientes condiciones higiénico-sanitarias en las que viven las mascotas –que pueden ir desde una falta leve hasta muy grave en función de las lesiones, daños o sufrimiento de los animales, indican desde la Administración– y de las instalaciones en las que residen (leve). Además, otro motivo frecuente de castigo es la falta de control de los animales, es decir, dejarlos vagar sueltos y sin vigilancia en espacios públicos (conducta tipificada como infracción leve).

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Las consecuencias económicas en las que se traducen esos comportamientos inadecuados para sus propietarios no son siempre las mismas, sino que oscilan en función de la cifra de animales afectados y su estado higiénico-sanitario. En situaciones muy graves, la Xunta incluso decreta el comiso de las mascotas como sanción accesoria.

El Ejecutivo autonómico recuerda que las denuncias formuladas el pasado año se tramitaron al amparo de la ley gallega, que rige ese ámbito desde 2018. Respecto a la legislación estatal en la misma línea, apuntan que, aunque entró en vigor a finales del pasado septiembre, una gran parte de medidas, novedades y artículos que introduce (seguro, curso de formación...) están supeditadas a la aprobación por el Gobierno central de un reglamento que la desarrolle y concrete, trámite aún pendiente, pero que estos días, informa Efe, ha comenzado a activarse.

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