En febrero el Gobierno central daba luz verde al anteproyecto de la ley de protección animal, pensada, según La Moncloa, para “clarificar en una única norma de rango legal el régimen jurídico en materia de tenencia y convivencia responsable con animales, la lucha contra el abandono y el maltrato de animales que viven en el entorno humano”. En su articulado destacan la obligación de hacer un cursillo para tener perro o fijar una edad mínima para que canes, como los mastines, por ejemplo, puedan trabajar, ambas cuestionadas desde el Ejecutivo autonómico. La comunidad gallega ya cuenta con una normativa propia en ese ámbito desde 2018, la Lei de benestar animal, y sus efectos sobre los ciudadanos incumplidores –y sus bolsillos– se hacen notar casi cada día.
Según datos de la Consellería de Medio Ambiente, durante los dos últimos años de convivencia con la pandemia, en 2020 y 2021, se contabilizan casi 650 sanciones a propietarios por desatención a sus mascotas, por conductas que les pueden producir sufrimiento o por no tenerlos debidamente identificados. En concreto, de los 647 expedientes que acabaron en sanción a lo largo de este período, más de la mitad han sido motivados por infracciones tipificadas como graves, lo que, como mínimo, conllevan 501 euros de multa, pero pueden llegar a un máximo de cinco mil.
Los incumplimientos más reiterados están vinculados, en lo relativo a infracciones más graves, a la no identificación de las mascotas cuando es obligatoria por ley –por ejemplo, se exige para todos los perros–, mientras que la segunda conducta más repetida consiste en utilizar cualquier mecanismo o utensilio que limite el movilidad de los animales y les provoque dolor, daños, sufrimiento o estrés, además de mantener a perros atados de forma continuada o acotar su movimiento y el empleo de métodos dañinos de sujección, como pueden ser collares eléctricos. En cuanto a las leves, tienen que ver, sobre todo, aclaran desde la Xunta, con no mantener a las mascotas en condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas o el tenerlas en instalaciones que no reúnan los requisitos que exige la normativa.
Por eso a veces, la sanción no se limita a arañar la cartera del propietario de los animales, sino que pone en cuestión a su capacidad para cuidar a estas criaturas. Ocurre en los casos más graves, para los que la legislación autonómica prevé incluso multas de hasta 30.000 euros. Pero no solo eso: pueden conllevar el decomiso de los animales, el cierre de locales o la prohibición de tener mascotas entre uno y cinco años si se trata de conductas consideradas graves y de cinco a diez años, e incluso para siempre, en los casos más extremos. Así, la Xunta informa de en que en el marco de los expedientes relativos a sanciones muy graves –pocas: dos cada año– se registran tres comisos de perros y una inhabilitación para disfrutar de mascotas por tres años, multas aparte.
Pero no todos los expedientes resueltos en 2020 y en 2021 acabaron en sanción. Siete fueron archivados y otros 44 fueron sobreseídos al no apreciar la existencia de responsabilidad del denunciado o por otras causas, como una instrucción errónea.
La normativa que ampara estas sanciones y tipifica las conductas infractoras es la Lei de benestar animal de la comunidad. Ahora que la estatal está sobre la mesa, la Consellería de Medio Ambiente advierte que podría invadir competencias autonómicas en relación a esta materia, además de regular aspectos que pueden entrar en colisión con la normativa gallega, por lo que han realizado alegaciones.
Mientras, cada vez son más los animales que se benefician del buen trato derivado de la ley en Galicia. De hecho, el que la no identificar a los perros acabe en una multa, animó en su momento a que muchos salieran del anonimato. Entre 2018, cuando se estrenó la ley, a la actualidad, el censo de mascotas ha sumado 226.461 nuevos registros, un 47 por ciento más que los casi 480.000 que conformaban entonces el listado.
Una de las novedades que trajo consigo la Lei de benestar animal estrenada en Galicia en 2018 es la obligación de que todos los perros estén “fichados”, bajo la amenaza de que su propietario pueda ser penalizado con sanciones que parten por abajo, de 501 euros, al tratarse de una conducta que está tipificada en la normativa de infracción grave. Si esa amenaza al bolsillo hizo, desde que entró en vigor la legislación, que aflorasen miles de perros de la nada, el número de animales con carné sigue creciendo y, entre ellos, también la cifra de perros potencialmente peligrosos. Cuando a 1 de enero de 2018 entró en vigor la legislación, constaban en el censo autonómico de animales de compañía apenas 15.000 de estos canes, que aparecen definidos en la norma como los que “puedan causar la muerte o provocar lesiones a las personas o a otros animes, o producir daños de cierta entidad a las cosas”, además de los que fueron entrenados para guardia y defensa. En la actualización correspondiente a cuatro años después, enero de 2022, la cifra supera ya los 20.300. Son cinco mil más: es decir, la ley provocó 25 altas de perros potencialmente peligros cada semana de media. De hecho, tras el apuro del primer año de la norma, cuando se identificaron más de dos mil de estos perros de golpe, el mayor crecimiento se dio en 2021, tras engordar en 1.700 animales el registro. Aun así, en Galicia solo uno de cada 33 perros pertenece a esta categoría, que obliga a sus dueños a más esfuerzos. Por ejemplo, exigen una licencia municipal, un seguro y la inscripción en un registro específico. Además, en las vías públicas estas mascotas deben circular con correa corta y bozal.
