Excesivas muertes naturales investigadas por los forenses

El Imelga lamenta que sus forenses se dediquen a aclarar más defunciones ordinarias que las propias de su función, las violentas

Imagen de archivo de un accidente de tráfico.

Imagen de archivo de un accidente de tráfico. / FdV

X. A. Taboada

X. A. Taboada

Cuando en Galicia se produce una muerte violenta o que resulta sospechosa de un acto criminal entra en escena el Servicio de Patología del Instituto Galego de Medicina Legal (Imelga) para intentar aclarar, bajo amparo judicial, las causas del óbito. Pero lo que está sucediendo es que también está investigando muertes naturales –y en un número que no deja de aumentar–, cuando en, circunstancias normales, no debería hacerlo por tratarse de un acto propio de los servicios sanitarios convencionales en los que los juzgados no entran en juego.

Así lo denuncia el Imelga en su memoria correspondiente al pasado año, que censura el tener que dedicar “medios y recursos” a defunciones naturales cuando su labor central es investigar solo las sospechosas de criminalidad. De hecho, las muertes naturales que pasaron en 2022 por el Servicio de Patología (1.026) ya superan a las violentas (1.011).

Hay, por tanto, una excesiva “judicialización” de las defunciones ordinarias. “Esta tendencia va en aumento en los últimos años y hace que estos servicios, destinados a la investigación de las muertes violentas o sospechosas de criminalidad, dediquen tiempo y recursos a muertes naturales que no son necesariamente sospechosas”, se recoge en la memoria.

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IMELGA w / Hugo Barreiro

La patología más destacada es la cardiovascular, la responsable del 75% de todas las defunciones naturales, ya que estas se producen en la mayoría de las ocasiones de forma rápida e inesperada, sin tiempo de recibir asistencia médica, por lo que se derivan a la investigación judicial, aunque no existan datos de sospecha de criminalidad ni motivos de peso.

“Esas muertes se suceden en personas enfermas, de cuyas patologías son conocedores los servicios médicos asistenciales, que deberían ser los encargados de certificar el fallecimiento y no desviar la muerte a la investigación judicial sin razón justificada”, se reprende en la memoria del Imelga. Añade que solo una pequeña parte de estas defunciones se producen en personas que no tenían antecedentes patológicos y que solo en estos casos, muy reducidos, cabría la posibilidad de calificarlas como sospechosas.

Como esta dinámica de investigar más muertes naturales que violentas va en aumento –y en contra de lo que debe ser la ocupación principal del Servicio de Patología–, se está “trabajando” para conocer las razones que hay detrás del hecho de que se produzcan tantas derivaciones a la investigación judicial, “para buscar un procedimiento común que implique a los estamentos sanitarios y judiciales, a fin de evitar la judicialización de la muerte claramente natural en el ámbito extrahospitalario”.

En cuanto a las muertes violenta, el grupo más importante lo conforman las accidentales -incluidos los de tráfico- (663), seguida de los suicidios (340) y los homicidios (8).